Moncloa presenta el plan para alcanzar la neutralidad climática en 2050

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética, que pretende alcanzar "a más tardar en el año 2050" la neutralidad de emisiones de dióxido de carbono (CO2). La vicepresidenta cuarta, Teresa Ribera ha presentado el proyecto, y ha defendido que también pretende impulsar la reactivación económica tras la crisis del coronavirus.

El Gobierno ha enviado al Congreso, donde se iniciará su tramitación parlamentaria, la primera Ley de Cambio Climático que regula los objetivos nacionales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a 2030 en un 20% respecto a los niveles de 1990. El objetivo final es que España alcance, "a más tardar en el año 2050" la neutralidad de emisiones, es decir, antes de llegar a mitad de siglo el país solo emitirá la cantidad de gases de efecto invernadero (GEI) .

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha afirmado que en un "contexto de reactivación de la economía frente al COVID-19, esta ley facilita las señales adecuadas para aprovechar todas las oportunidades en términos de modernización de la economía, de la industria, de la generación de empleo y de la atracción de inversiones".

"En un momento en el que tenemos que abordar el proceso de recuperación frente al COVID-19, la transición energética se va a convertir en una fuerza motriz determinante para generar actividad económica y empleo a corto plazo, y hacerlo de forma coherente con lo que necesitaremos como país en el medio y en el largo plazo. Hemos identificado los objetivos y las herramientas, se ha diseñado una planificación robusta, contamos con la certeza de que la transición energética tendrá impactos positivos sobre nuestra economía y nuestro bienestar, y sabemos que pueden empezar a materializarse de forma inmediata. Este proyecto otorga, por fin, un marco institucional a la acción que nos pide la Ciencia y la gente, y llega en un momento en el que es más necesario que nunca", ha manifestado Ribera.

La vicepresidenta ha hecho un llamamiento a los grupos parlamentarios para que durante la tramitación de la futura ley enriquezcan el texto: "Si sentamos las bases de un nuevo modelo de prosperidad, respetuoso con los límites ambientales y centrado en el bienestar de las personas, seremos capaces de proveer empleos de calidad, estables, en el sistema económico, industrial, puntero, líder de la economía baja en carbono".

Objetivos para la neutralidad climática

- España deberá alcanzar la neutralidad climática no más tarde de 2050.
- Antes de mitad de siglo, el sistema eléctrico de España tiene que ser 100% renovable.
- Para ello, en 2030, las emisiones del conjunto de la economía española deberán reducirse en al menos un 20% respecto al año 1990. Se trata de un objetivo coherente con el aumento de ambición que se ha fijado la Comisión Europea: una reducción en 2030 de entre el 50% y el 55% de las emisiones respecto a los niveles de 1990.
- Al finalizar la próxima década, como mínimo 35% del consumo final de la energía deberá ser de origen renovable. En el caso del sistema eléctrico, la presencia renovable en 2030 deberá ser de al menos un 70%.
- Las medidas de eficiencia energética tendrán que reducir el consumo de energía primaria en, al menos, un 35%.

Los objetivos se implementarán a través de los sucesivos Planes Nacionales de Energía y Clima (PNIEC). El primero de ellos, para el periodo 2021-2030, permitirá reducir las emisiones en un 23% respecto a 1990 al finalizar la presente década, duplicando el porcentaje de renovales en el consumo final, hasta un 42%. La presencia de energías limpias en el sistema eléctrico llegará hasta 74% y la eficiencia mejorará en un 39,5%.

Según este plan, la transición ecológica atraerá más de 200.000 millones de euros de inversión en los próximos diez años, generando entre 250.000 y 350.000 empleos netos anuales. La movilización de inversiones, el ahorro de energía y una mayor presencia de renovables –la fuente más barata–, permitirán que el Producto Interior Bruto (PIB) aumente en torno un 1,8% en 2030, respecto de un escenario sin medidas. En concreto, entre los 16.500 y los 25.700 millones de euros. La senda de descarbonización del país se proyectará a través de la Estrategia a Largo Plazo 2050, cuya primera versión ultima el Gobierno.

La ley plantea la creación del Comité de Expertos de Cambio Climático y Transición Energética, cuyas recomendaciones y evaluación se plasmarán en un informe anual que se debatirá en el Congreso de los Diputados. Además, a partir del 31 de diciembre de 2021 las comunidades autónomas deberán informar en la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de todos sus planes de energía y clima en vigor.

Energías renovables

El proyecto incorpora medidas para facilitar la integración de las energías renovables, entre otras, crea la figura del titular de almacenamiento como sujeto del sistema eléctrico. Con ello, se favorece la implantación y el desarrollo de estas tecnologías, claves en la gestión de la demanda eléctrica y la seguridad de suministro en un sistema eléctrico 100% renovable.

Se instituye la figura del agregador independiente, que participará en el mercado comprando o vendiendo diferentes consumos agregados o electricidad generada de consumidores, productores o instalaciones de almacenamiento. Se trata de un nuevo modelo de negocio que, además, posibilita al usuario una mayor optimización de su consumo o de la energía que produce en instalaciones de autoconsumo.

Para favorecer la flexibilidad del sistema, se impulsa la hibridación, es decir, que se incorporen distintas tecnologías de generación en una misma instalación, incorporando paneles solares en una planta eólica, por ejemplo. En estos casos, se podrá evacuar la energía utilizando el mismo punto de conexión y la capacidad de acceso ya concedida, siempre que se cumpla con los requisitos técnicos.

También se contempla la repotenciación de las instalaciones, que podrán aumentar su potencia instalada hasta alcanzar la máxima que se le permite verter a la red. De esta manera, se optimiza el uso del recurso renovable de los mejores emplazamientos, minimizando costes e impacto ambiental.

El proyecto prioriza las centrales hidroeléctricas reversibles en el caso de nuevas concesiones para producir electricidad en dominio público hidráulico.

Con el objeto de acompasar la introducción de renovables en el sistema, el Gobierno desarrollará un nuevo marco retributivo para la generación renovable, basado en el reconocimiento a largo plazo de un precio fijo por la energía. Con ello, se ofrece previsibilidad y estabilidad en los ingresos al sector y se traslada a los consumidores, los ahorros asociados al despliegue de estas energías.

El nuevo marco retributivo se otorgará mediante subastas en las que el producto a subastar será la energía eléctrica, la potencia instalada o una combinación de ambas, y la variable sobre la que se ofertará será el precio de retribución de dicha energía. Se podrá distinguir entre distintas tecnologías de generación en función de sus características técnicas, niveles de gestionabilidad, criterios de localización, madurez tecnológica y aquellos otros que garanticen la transición hacia una economía descarbonizada, de acuerdo con la normativa comunitaria.

Los Presupuestos Generales del Estado destinarán al fomento de energías renovables un importe equivalente a la suma de la estimación de la recaudación anual derivada de los tributos incluidos en la Ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética. Por otro lado, los agentes claves para el funcionamiento del sistema energético -operador del mercado, operador del sistema, transportista y distribuidoras- elaborarán estrategias de descarbonización en sus respectivos ámbitos para una mejor planificación y anticipación.

Movilidad sostenible

En cuanto al sector de la movilidad y el transporte, el proyecto plantea un marco de descarbonización progresiva, y tanto el Gobierno como las autonomías y entidades locales podrán en marcha medidas que posibiliten en 2050 un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de CO2. Para ello, de acuerdo con la normativa europea, adoptarán medidas necesarias para que los turismos y vehículos comerciales ligeros nuevos, excluidos los matriculados como vehículos históricos, no destinados a usos comerciales, reduzcan paulatinamente sus emisiones, de modo que no más tarde del año 2040 sean vehículos con emisiones de 0gCO2/km. A tal efecto, previa consulta con el sector, se pondrán en marcha medidas que faciliten la penetración de estos vehículos, incluyendo apoyo a la I+D+i.

El texto subraya el papel de las ciudades en la consecución de los objetivos, favoreciendo con ello la creación de espacios más habitables y saludables, con una calidad del aire mejorada. Los municipios de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares introducirán, en la planificación de ordenación urbana, medidas de mitigación que permitan reducir las emisiones derivadas de la movilidad, incluyendo la implantación de zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023; acciones para facilitar los desplazamientos a pie, en bicicleta u otros medios de transporte activo; y la mejora y fomento del uso de la red de transporte público. También se deberá impulsar la movilidad eléctrica compartida y el uso de medios de transporte eléctricos privados.

El proyecto concreta que cualquier medida que suponga una regresión de las zonas de bajas emisiones ya existentes deberá contar con el informe previo del Ministerio de Transición Ecológica y del órgano autonómico competente.

Las comunidades autónomas insulares, podrán instar al Estado el establecimiento de medidas de promoción de movilidad limpia, consistentes en restricciones en su ámbito territorial de la circulación de turismos y furgonetas, de acuerdo con la normativa comunitaria.

Puntos de recarga eléctrica en todo el país

Para activar la descarbonización de la movilidad por carretera, la ley potenciará el desarrollo de las infraestructuras de recarga eléctrica en todo el territorio nacional. El proyecto prevé la instalación progresiva de puntos en las estaciones de servicio con mayor volumen de venta, que representan en la actualidad el 10% de la red.

En las ciudades, se articulará la instalación de sistemas de recarga en edificios de nueva construcción, en intervenciones en edificios existentes y en los edificios de uso distinto al residencial privado que cuenten con una zona de uso aparcamiento con más de veinte plazas.

Además, el Gobierno habilitará un Punto de Acceso Nacional de información sobre puntos de recarga en tiempo real.

En cuanto al transporte aéreo, el Gobierno podrá establecer objetivos anuales de suministro de biocarburantes, y, en el caso del transporte marítimo, se adoptarán medidas para lograr las cero emisiones directas en los puertos de competencia del Estado para 2050. Se promoverán medidas de impulso al transporte ferroviario con origen y destino en puertos, el desarrollo de Autopistas del mar y el estímulo al uso de energías alternativas en el transporte marítimo, entre otras.