El BOE publica la quinta prórroga del estado de alarma con sus novedades

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado la quinta prórroga del estado de alarma, que llega con varias novedades respecto a las anteriores, tal y como adelantó el Gobierno. Además de dejar al Ministerio de Sanidad como la única autoridad delegada competente, cede a las autonomías la decisión sobre la apertura de centros escolares en la fase 2 y se levantan las suspensiones de los plazos administrativos y procesales.

A partir del lunes, todo el país estará en la fase 1 y en la 2 de la desescalada, aunque hasta el próximo 7 de junio se mantendrá vigente el estado de alarma, una herramienta que Moncloa pretende emplear durante todo el proceso, es decir, al menos hasta finales de junio.

En esta quinta prolongación, se "consolidan los principios de gobernanza en base a los que dirigimos la desescalada y se reducen las autoridades delegadas competentes al Ministerio de Sanidad, que dirige Salvador Illa, y dejan de tener competencias extraordinarias los ministerios de Interior, Defensa y Transportes, algo que reclamaban las autonomías y los partidos de la oposición. Aunque el Gobierno sostiene que la desescalada se gestiona con las comunidades autónomas, rechaza que sean los Ejecutivos regionales los que puedan tomar decisiones de forma exclusiva.

En el ámbito educativo, esta prórroga contempla que en los territorios que se encuentren en la fase 2, las administraciones educativas podrán disponer la flexibilización de las medidas de contención y la reanudación de las actividades presenciales en el ámbito educativo no universitario y de la formación. Durante este periodo podrán mantenerse las actividades educativas a través de las modalidades a distancia y «on line», siempre que resulte posible y aunque no fuera esta la modalidad prestacional educativa establecida como forma específica de enseñanza en los centros.

Desde el 4 de junio, se alzará la suspensión de los plazos de los plazos administrativos, procesales y de prescripción y caducidad de derechos y acciones.

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