Los datos hasta marzo registran el impacto sobre las operaciones realizadas por el conjunto de las Administraciones Públicas en un contexto económico y social extraordinario ante la situación de pandemia originada por el COVID-19. En concreto, el déficit público consolidado (excluyendo a las administraciones locales) ascendería a 8.636 millones, equivalente al 0,77% del PIB, frente 0,31% del PIB registrado hasta marzo de 2019.
El Ministerio de Hacienda ha publicado este viernes en su página web el déficit consolidado de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social del mes de marzo en términos de contabilidad nacional, así como los datos de déficit del Estado correspondientes a abril.
La estadística refleja ya impactos significativos ocasionados por la crisis sanitaria y económica derivada del COVID-19. Una situación que se seguirá agudizando en los próximos meses.
Por un lado, se produce una reducción de los ingresos por la caída de la actividad empresarial y el menor consumo, pero también por las medidas adoptadas por el Gobierno para dotar de liquidez a las empresas mediante, por ejemplo, la exoneración de cotizaciones en los ERTEs por fuerza mayor, lo que ha supuesto una minoración de ingresos.
Por otra parte, las medidas aprobadas para mitigar el impacto social como la prestación por cese de actividad para los autónomos han provocado un aumento de los gastos. A ello se suma el notable incremento de los consumos intermedios derivados de la subida del gasto en el Sistema Nacional de Salud para hacer frente a la pandemia.
Déficit del Estado (abril)
En los cuatro primeros meses del año el déficit del Estado asciende a 19.929 millones. En términos de PIB equivale al 1,78%, lo que representa un aumento de 1,16 puntos porcentuales respecto a abril de 2019. Esta evolución se explica por una caída de los recursos del 6,7%, frente a un incremento de los gastos del 11,75%. También influye la actualización de las entregas a cuenta y el anticipo de la mitad de la liquidación de 2018 que ha permitido transferir importantes recursos a las CCAA para hacer frente a la emergencia sanitaria.
Las operaciones del Estado de este mes se encuadran en un contexto económico y social extraordinario, situación que ya empezó a tener impacto a mediados del mes pasado tras la declaración del estado de alarma por el RDL 463/2020, de 14 de marzo, y que se reflejan con más fuerza en los datos de abril.
Solo en el cuarto mes del año los ingresos han caído un 29,2% y los gastos han aumentado un 48,7%, consecuencia de los aplazamientos de impuestos, moratorias, mayores ayudas y demás medidas adoptadas para paliar los efectos derivados de la crisis.
Asimismo, como ya se indicó en anteriores publicaciones, desde el 1 de enero de 2020 se ha producido la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7) por importe de 1.745 millones, sin correspondencia en 2020 que va a afectar al volumen total de ingresos y de gastos del Estado a lo largo de todo el ejercicio, pero que no va a tener incidencia en el déficit.
Recursos no financieros del Estado
En los cuatro primeros meses del año, los recursos no financieros han ascendido a 57.335 millones, lo que supone un descenso del 6,7% respecto a 2019.
Los ingresos correspondientes al mes de abril están afectados, al igual que el mes pasado, por la paralización de casi toda la actividad como consecuencia de la emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19.
Los recursos impositivos, que representan el 81,4% del total, se sitúan en 46.648 millones, lo que supone un descenso del 11%. Caen prácticamente todas las figuras tributarias. Destacan, por un lado, el descenso del 6,1% de los impuestos sobre la producción y las importaciones, entre los cuales el IVA retrocede un 9,6%, hasta los 23.428 millones. Respecto a los Impuestos corrientes sobre la renta y el patrimonio, que descienden un 19,8%, el Impuesto sobre Sociedades retrocede un 9,1%. En el caso del IRPF, la caída es del 26,5%, aunque en este caso incide de forma significativa las mayores entregas a cuenta a las comunidades autónomas. Los impuestos sobre el capital caen un 20% y las cotizaciones sociales descienden un 1,7%, fundamentalmente, por la progresiva sustitución de empleados activos con Régimen de Clases Pasivas, por otros con Régimen de Seguridad Social.
Respecto al resto de recursos, que siguen la misma tendencia descendente, destacan las rentas de la propiedad que caen un 17,7%, dentro de los cuales los intereses disminuyen un 15,7%.
Empleos no financieros del Estado
Hasta abril, los empleos no financieros han ascendido a 77.264 millones, cifra superior en un 11,8% a la de 2019.
Esta evolución deriva nuevamente de la extraordinaria situación originada por el COVID-19. En primer lugar, se ve afectada por el notable incremento de los consumos intermedios, así como por el aumento de las transferencias corrientes a otras AAPP, que crecen en 6.126 millones, fundamentalmente por el sistema de financiación, incluyendo anticipos de la liquidación de 2018, así como por la transferencia a las CCAA, por importe de 303 millones, del Fondo Extraordinario de prestaciones básicas de servicios sociales para hacer frente al COVID-19 y 206 millones del programa de prestaciones sanitarias y farmacia.
Las transferencias de capital también aumentan destacando las transferencias a CCAA por 369 millones de subvenciones al Plan Estatal de Vivienda.
Los consumos intermedios crecen un 35,4% más, como consecuencia de los 891 millones del programa presupuestario prestaciones sanitarias y farmacia del SNS relacionadas con el COVID-19, sin correspondencia en 2019. La remuneración de asalariados ha aumentado un 1,3% debido a la equiparación salarial de la Policía y Guardia Civil con los cuerpos autonómicos y a la subida de retribuciones tras el II Acuerdo Gobierno-Sindicatos alcanzado en marzo de 2019, para la mejora del empleo público; y al incremento retributivo correspondiente a 2020 del 2% frente al 2,25% de 2019.
Las transferencias sociales en especie, crecen hasta los 91 millones, y las prestaciones sociales distintas de las transferencias sociales en especie aumentan un 3,2%, cifra que recoge la actualización de las pensiones de clases pasivas del 0,9%.
Destaca también el incremento de la inversión, aumento que se explica fundamentalmente por la operación de reversión de las autopistas de peaje en 2020 (AP4 y AP7).
Estos incrementos se ven compensados, en parte, por el descenso de un 8% de los intereses, de un 22,6% de la cooperación internacional corriente y de un 7,4% de los recursos propios de la UE.
Por último, también descienden las ayudas a la inversión y otras transferencias de capital como consecuencia de la devolución del gravamen por prestación de maternidad y paternidad en 2019 por importe de 723 millones, y sin correspondencia en 2020.
Déficit conjunto de la Administración Central, Comunidades Autónomas y Seguridad Social (marzo)
Hasta finales de marzo de 2020, la necesidad de financiación conjunta de la Administración Central, los Fondos de la Seguridad Social y la Administración Regional, excluida la ayuda financiera, era de 8.636 millones, equivalente al 0,77% del PIB, frente 0,31% del PIB registrado hasta marzo de 2019.
Si se incluye en ambos periodos el saldo de la ayuda a las instituciones financieras (172 millones en 2019 y -38 millones en 2020), el déficit sería de 8.674 millones de euros, equivalente al 0,78% del PIB.
Evidentemente, en estos datos también se aprecian ya los primeros impactos provocados por la emergencia sanitaria.
Administración Central
La Administración Central ha registrado un déficit del 0,58% del PIB excluida la ayuda financiera, cifrada en 38 millones en el primer trimestre.
- El déficit del Estado en marzo equivale al 0,56% del PIB al situarse en 6.288 millones.
- Los Organismos de la Administración Central registran un déficit de 179 millones, excluida la ayuda financiera, un 0,02% del PIB.
Comunidades Autónomas
Las Comunidades Autónomas han registrado un déficit de 1.703 millones, el 0,15% del PIB. Esta evolución se explica por un incremento de los recursos del 5,1%, ligeramente inferior al aumento de los empleos del 5,2%, situación que se explica, principalmente, por el impacto ocasionado por la emergencia sanitaria originada por el COVID-19.
Por el lado de los recursos, cabe destacar el incremento de los ingresos impositivos en un 8,2%, sobre todo los corrientes sobre la renta y el patrimonio, que crecen un 16,5%.
Los Impuestos sobre la producción y las importaciones caen un 11,5%, destacando la caída del 9,5% del ITP y AJD, entre otros. Sólo en el mes de marzo se han perdido 410 millones de ingresos impositivos como consecuencia de la crisis.
También sobresale el incremento registrado en las transferencias recibidas de otras AAPP en un 5,5%. En este sentido, hay que tener en cuenta que, tanto en 2019 como en 2020, ha habido prórroga de los PGE, si bien en 2020, en virtud del Real Decreto-ley 7/2020, de 12 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19, el Gobierno procedió a la actualización de las entregas a cuenta que habría correspondido para todo el ejercicio en los meses de marzo y abril.
Dentro del gasto no financiero, que aumenta 5,2%, los consumos intermedios crecen un 7% debido al aumento del gasto farmacéutico hospitalario y en el gasto en productos sanitarios sin receta médica u orden de dispensación, fuertemente condicionados por el COVID. Una situación que también explicaría específicamente un mayor gasto en conciertos sanitarios. Por su parte, la remuneración de asalariados se incrementa un 4,7%, debido fundamentalmente a la subida retributiva general y por el impacto del COVID hasta marzo.
Por su parte, las transferencias sociales en especie crecen un 7,1%, destacando el significativo aumento del gasto en productos farmacéuticos y sanitarios por recetas médicas u orden de dispensación. Las subvenciones crecen un 24,2% y las prestaciones sociales un 13,6%. Por último, la inversión crece un 1,4% y las transferencias entre AAPP aumentan un 1,7%. Por contra, desciende el gasto en intereses un 9,6%.
Las comunidades de Andalucía, Aragón, Cantabria, Castilla la Mancha, Castilla y León, Cataluña, Madrid, Navarra y Valencia registran a marzo un peor resultado presupuestario que el registrado en el mismo mes de 2019. Por el contrario, el resto de CCAA han mejorado su resultado presupuestario.
Fondos de la Seguridad Social
Los Fondos de la Seguridad Social han obtenido un déficit del 0,04% del PIB. Este deterioro responde fundamentalmente a los impactos ocasionados por la crisis derivada del COVID-19, tanto sobre las cotizaciones sociales como sobre las prestaciones. Los recursos se han reducido un 4,9% frente a los gastos no financieros que aumentan un 6,57%.
El Sistema de Seguridad Social ha registrado un déficit de 657 millones, lo que representa un 0,06% del PIB. El deterioro registrado hasta la fecha responde, por un lado, a un descenso de las transferencias del Estado en 2.656 millones. Las prestaciones sociales crecen hasta marzo un 5,8% frente al 2,8% registrado el mes anterior, y los ingresos por cotizaciones sociales aumentan un 1,8%, con una tendencia decreciente desde el mes de enero.
El Servicio Público de Empleo Estatal presenta un superávit de 175 millones. Las cotizaciones sociales crecen un 2,7% frente a las prestaciones por desempleo que aumentan hasta marzo un 14,2%.
La evolución de esta rúbrica se ve afectada por las diversas medidas adoptadas en los Reales Decretos promulgados con ocasión del COVID-19, entre las que destacan la suspensión de contratos y reducción de jornada por fuerza mayor temporal (ERTES), la exoneración a la empresa del abono de la aportación empresarial y de las cuotas por conceptos de recaudación conjunta, y el reconocimiento de la prestación contributiva por desempleo a las personas trabajadoras afectadas mientras dure esa situación.
El número de beneficiarios de prestaciones por desempleo ha aumentado en marzo un 15,2% en comparación con el del año anterior, tasa que se sitúa casi 10 puntos por encima del aumento registrado en febrero. Si se trata del número de beneficiarios del nivel contributivo, la tasa de incremento es del 28,9%, mientras que la del nivel asistencial es del 8,6%. Finalmente, mencionar el aumento del 1,2% de las subvenciones a la producción hasta situarse en un importe de 597 millones.
Por último, el FOGASA registra un superávit de 16 millones de euros, frente a los 55 millones del mismo periodo del año anterior.
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