El bipartidismo volverá a blindar al rey emérito para que no acuda a dar explicaciones al Congreso, a pesar de que las sospechas sobre sus presuntas ilegalidades van en aumento después de que la Fiscalía del Supremo asumiese la causa que investiga las obras del AVE a la Meca por su posible implicación.
Una vez que la Mesa del Congreso, donde PP y PSOE tienen mayoría, ha tumbado la petición de la CUP para que el rey Juan Carlos compareciera ante la cámara, se da por descontado que repetirá el guión con las nuevas propuestas presentadas en este caso por nacionalistas y Unidas Podemos.
ERC, JxCat, PNV, EH Bildu, la CUP, Compromís y BNG han actualizado la solicitud que fue rechazada en abril con las nuevas actuaciones de la Fiscalía que le investigará por un presunto delito fiscal y blanqueo de capitales que se habría cometido con posterioridad a su abdicación en 2014.
En aquella ocasión Podemos no votó a favor, pero ahora no sólo apoya las iniciativas sino que ha presentado su propia propuesta alternativa para investigar las presuntas irregularidades realizadas por el jefe del Estado sobre las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí.
Hasta ahora los letrados de la cámara -opinión en la que se han basado los socialistas para negarse a las distintas solicitudes- han argumentado que el rey es inviolable de por vida en base al artículo 56.3 de la Constitución para aconsejar que no se tramitaran las distintas solicitudes al respecto.
Para intentar salvar el veto la formación morada argumenta ahora que el delito de blanqueo de capitales podría haberse producido cuando ya abandonó el trono, según informa 'Cadena Ser'. Está por ver si el matiz se considera suficiente o no para que los letrados se avengan a investigar las relaciones del rey Juan Carlos con la familia saudí.
La Fiscalía ya aclaró el lunes en un comunicado que su investigación "se centra, precisamente, en delimitar o descartar la relevancia penal de los hechos que ocurren con posterioridad al mes de junio de 2014, momento en que el Rey Emérito dejó de estar protegido por la inviolabilidad que el artículo 56.3 de la Constitución española reconoce al Jefe del Estado. Resulta preciso, pues, la práctica de nuevas diligencias que afectan directamente al Rey Emérito, quien -como es sabido- se encuentra aforado ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo".
No obstante, fuentes socialistas consultadas por 'El Periódico' dan por descontado que incluso si llegara tal extremo los socialistas no votarían a favor de la constitución de una comisión de investigación sobre el rey emérito con el pretexto de que ya hay una causa judicial en curso en los tribunales, pese a que esto no fue impedimento para que apoyaran otras comisiones de investigación como la relativa a la financiación ilegal del PP.
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