El sindicato CSIF, que representa a los empleados públicos, ha interpuesto una denuncia penal en los juzgados de Plaza de Castilla de Madrid para que se investiguen las "amenazas físicas y coacciones" a los funcionarios del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en las redes sociales, debido a los retrasos en la gestión de las prestaciones por ERTE a raíz de la crisis del coronavirus.
La denuncia por delitos de amenazas, coacciones e injurias llega justo antes de la reapertura al público de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), el próximo lunes 15 de junio.
El sindicato CSIF señala que todavía quedan cerca de 200.000 expedientes de ERTE sin resolver, de forma que los afectados siguen sin cobrar las prestaciones, además de otro número significativo de desempleados pendientes del abono de otras prestaciones extraordinarias aún sin cuantificar. Esta realidad difiere de los anuncios del Gobierno afirmando que se han abonado la práctica totalidad de las prestaciones. El sindicado critica que "se traslade por parte de la Ministra de Trabajo que ya se ha acometido el 98,5% de las cargas de trabajo".
Ante la carga de trabajo de cara a la reapertura de oficinas, los funcionarios del SEPE temen que "la angustia e incertidumbre de estas personas se traslade a las oficinas y a los profesionales que las atienden".
"Los profesionales del SEPE, desde que comenzó la crisis, han estado trabajando siete días a la semana y a doble turno, durante el confinamiento en sus propios domicilios y con sus equipos informáticos para resolver la avalancha de solicitudes de protección por desempleo, con una plantilla deficitaria (respecto al año pasado la carga de trabajo se ha incrementado un 530 por ciento, mientras que la plantilla solo ha aumentado un 10 por ciento con personal interino por seis meses, prorrogable a nueve)", recuerdan desde CSIF.
El sindicato critica "las declaraciones políticas de todo punto irresponsables sobre el abono de la práctica totalidad de prestaciones, cuando la realidad nos muestra que aún hay 200.000 personas que aún no han percibido su prestación solamente en lo que respecta a los ERTE" y afirman que "quedan por tramitarse la protección al colectivo de empleados del hogar, además de las prestaciones ordinarias de la extensa carta de servicios del SEPE que ya se habían visto incrementadas exponencialmente antes de la pandemia y con motivo de la ralentización de la economía".
Dada la situación y la frustración generada entre los afectados, los funcionarios han recibido "amenazas" en las redes sociales, por lo que CSIF ha presentado una denuncia al respecto.
"Cuando abráis las oficinas os vamos a pegar fuego"; "Os vais a arrepentir de estos tres meses dejando sin cobrar a tantas personas"; "Espero que a alguien se le vaya la pinza y empiece a pegar tiros…", son algunos de los mensajes recopilados y presentados, junto con los datos de usuario para que se investiguen y se proceda a la identificación de los autores.
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