El padre de Pablo Iglesias ha demandado a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, por llamarle "terrorista" con la intención de desacreditar a su hijo, vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Agenda 2030.
Javier Iglesias reclama a Álvarez de Toledo 18.000 euros por daños y perjuicios, según la demanda dada a conocer por 'La Sexta'.
La defensa considera que la diputada realizó "manifestaciones y atribuciones de intenciones a Iglesias Peláez absolutamente falsas, carentes de base y difamatorias, que suponen por sí mismas una vulneración de su derecho al honor". La demanda añadiría también que su objetivo fue "atacar a un adversario político, aun cuando ello implique vulnerar derechos de terceros ajenos a la contienda partidista".
Se refiere así una intervención de Álvarez de Toledo en el hemiciclo en la que la diputada llamó al líder de Unidas Podemos "hijo de un terrorista" alegando que su padre militó en el FRAP.
Unas declaraciones que avergonzaron incluso entre las filas populares de donde salieron algunas llamadas al propio Javier Iglesias expresando su pesar.
Javier Iglesias está jubilado y concurrió en la candidatura de Podemos en las municipales de 2019 por Zamora. Es licenciado en Derecho y en Historia Contemporánea, entró en el Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social en 1979 y dio clases de derecho e historia en distintas universidades. Durante su juventud militó en Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP) a raíz de su escisión del PCE más posibilista de Santiago Carrillo en 1973 y fue detenido el 26 de abril de ese mismo año por repartir propaganda antifranquista del 1º de Mayo.
Precisamente sería durante la concentración del Día del Trabajo, días después de su entrada en prisión, cuando se produciría el primer asesinato achacado al FRAP, el de Juan Antonio Fernández Gutiérrez, inspector jefe de la Brigada Político Social, que fue apuñalado. Nunca ha habido pruebas que vincularan al padre de Iglesias con aquellos hechos. La organización se disolvió en 1978. Tres años antes, tres de sus militantes fueron parte de los últimos cinco fusilados por la dictadura de Franco.
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