En su última providencia, el juez instructor de la RFEF solicita el descenso administrativo del CF Fuenlabrada, provocando una fuerte reacción del club madrileño de Segunda División.
En un duro comunicado, el Fuenla aclara que el nombramiento de Ricardo Esteban Díaz como Instructor es ilegal y vulnera los artículos 405 y 406 del Código Penal. "El artículo 4.1 del Reglamento para el Funcionamiento de los Órganos Disciplinarios de la RFEF obliga a que los nombramientos de Jueces los realice el Presidente de la RFEF por temporada".
"Díaz Sánchez no fue nombrado por temporada, sino que fue nombrado Juez Instructor de la RFEF el mismo día que se le asigna el caso contra el CF Fuenlabrada. No consta que tenga ninguna experiencia y el caso 562 de la temporada 2019/2020 es - casualmente- el primer caso de su nula carrera en el sector del derecho deportivo. Se trata por tanto de un nombramiento ad hoc ilegal que ya se ha puesto en conocimiento de los juzgados de instrucción penal y del CSD", explica el club azul.
"Que un perito independiente ha acreditado en una probabilidad de 5 sobre 5 que Ricardo Esteban Díaz Sánchez no escribe las providencias que firma, sino que el autor real de las mismas es el Vicesecretario General de la RFEF, Miguel García Caba. Por lo tanto el auténtico instructor no es un Juez independiente, sino un miembro de la cúpula federativa de la máxima confianza de Luis Rubiales y Andreu Camps", añade.
También denuncia que el procedimiento disciplinario "está plagado de infracciones procesales: entre otros, tomas de declaración sin asistencia letrada; incumplimiemto de plazos; falta de práctica de prueba de forma arbitraria y falsedad manifiesta obviando prueba aportada".
El Fuenlabrada ya ha denunciado estos y otros hechos ante los Juzgados de Instrucción Penal y ante el Consejo Superior de Deportes, y llegará "hasta las últimas consecuencias para probar y desmontar este turbio plan criminal del que ya obra prueba concluyente".
En todo caso, transmite "total tranquilidad". "El Comite de Competición no estimó que existiese conducta si quiera para la pérdida provisional de tres puntos, por lo que es técnicamente imposible que considere que se pudiese llegar a la locura absoluta de un descenso administrativo. Vivimos en un Estado de Derecho en el que las autoridades públicas que abusan de su poder de forma ilítica se encuentran frente a tipos específicos del Código Penal", comenta.
"Cualquier intento absurdo de sanciones de tamaña gravedad es de una atrocidad de dimensiones históricas y no va a quedar impune", denuncia.
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