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Pablo Iglesias
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Pablo Iglesias (Foto: Pool Moncloa/JM Cuadrado)

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas aprecia irregularidades en un contrato posiblemente simulado de Podemos con Neurona

> Remite el expediente a los juzgados de Plaza Castilla para que lo investigue la justicia ordinaria

viernes 21 de agosto de 2020, 08:54h

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas ha apreciado inidicios de delito electoral y falsedad documental en relación al contrato de Podemos con la consultora Neurona que podría haber sido simulado. Este expediente será remitido a los juzgados de Plaza Castilla solicitando que sea la jurisdicción ordinaria la que instruya la causa, tal y como informa 'Cadena Ser'.

El fiscal del Tribunal de Cuentas considera que no está acreditado que los servicios facturados por Neurona Consulting de cara a las elecciones generales del 28 de abril de 2019 por valor de 363.000 euros se realizaran en realidad.

Al parecer, la compañía Neurona Consulting se inscribió en el registro mercantil el 19 de marzo de 2019, sólo unos días después, el 5 de abril ya habría facturado servicios a Podemos y el 6 de mayo habrían firmado el contrato por prestación de servicios por valor de 363.000 euros.

El Tribunal de Cuentas rechazó que los gastos derivados del contrato de consultoría pudieran ser susceptibles de ser financiados con subvenciones electorales por considerarlos de carácter previo.

Entonces se habría requerido mayor detalle en la formación sobre sus servicios y es cuando el fiscal del Tribunal de Cuentas empieza a sospechar que los vídeos y diseños publicitarios presentados podrían no haber sido realizados realmente por este proveedor.

Precisamente Neurona Consulting es una pieza clave en la denuncia del ex abogado despedido de Podemos, José Manuel Calvente, sobre las cuentas de la formación. Calvente declaró ante el juez que a nivel de "rumorología" interna le llegó información de un posible contrato ficticio o simulado ya que los servicios facturados por dicha compañía en realidad habrían sido realizados por otros proveedores.

Varios responsables de las campañas electorales están acusados de presunta malversación y administración desleal.

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