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Cuatro ex presidentes del Gobierno apoyan a Martín Villa ante su declaración en la querella argentina
(Foto: (Foto: Pep Parer en Wikipedia))

Cuatro ex presidentes del Gobierno apoyan a Martín Villa ante su declaración en la querella argentina

martes 01 de septiembre de 2020, 19:03h

Seis años después de la apertura de que la jueza argentina María Servini acusase al ex ministro franquista Rodolfo Martín Villa de delitos de homicidio en un contexto de crímenes contra la humanidad, tendrá lugar la declaración del ex político. Y ante su citación en la embajada argentina de Madrid, cuatro ex presidentes, cuatro ex líderes sindicales y varios ex ministros y altos cargos políticos han remitido a la jueza Servini cartas de apoyo a Martín Villa.

Argentina es el país que instruye la única causa abierta por crímenes de lesa humanidad durante el franquismo y la Transición, y ex el ministro, Rodolfo Martín Villa está imputado por delitos de homicidio. Seis años después de la acusación, declarará 'vía telemática' ante la jueza Servini, en una cita fijada para el juees 3 de septiembre.

Ante su inminente declaración, los ex presidentes del Gobierno, Felipe González, José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, así como varios líderes sindicales, ex ministros y ex políticos han enviado una serie de cartas a la jueza Servini en defensa de Martín Villa.

Además de los ex presidentes del Gobierno, los llamados 'padres de la Constitución', Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y Miquel Roca, el ex ministro de Exteriores, Josep Borrell, los ex ministros, Eduardo Serra Rexach, Rafael Arias-Salgado o Marcelino Oreja Aguirre, los ex secretarios generales de CCOO y UGT, Antonio Gutiérrez y José María Fidalgo y Nicolás Redondo y Cándido Méndez, han redactado sus testimonios en apoyo del ex ministro franquista.

En sus cartas, alaban la labor política de Martín Villa durante la Transición, apenas dos días antes de su declaración ante la jueza, que decidirá en un plazo de diez días si procesa al ex ministro.

Para los impulsores de la querella argentina, entre ellos, la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA), estas cartas son "un intento burdo y grotesco de ejercitar una presión política sobre la jueza, inaceptable desde cualquier punto de vista estrictamente jurídico-procesal y desde un punto de vista democrático".

"Constituye un intento de injerencia gravísima, uno más, en la tramitación de una causa judicial que, en todo momento, ha sido obstaculizada por las autoridades españolas al objeto de impedir la investigación de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista y la Transición", denuncia Ceaqua.

Según esta coordinadora, las cartas "ensalzan la figura política del imputado durante la Transición, como hacedor de consensos, como padre de la actual democracia, tratando de exonerarle de esta forma tan particular de cualquier tipo de responsabilidad penal". De hecho, el del ex presidente del Gobierno, Felipe González, ha expuesto en misiva que considera que las responsabilidades penales deberían depurarse respecto a los propios querellantes y no respecto a Martín Villa.

"Todas las personas que han prestado sus testimonios en apoyo a Martín Villa implementaron, consolidaron, desarrollaron o aceptaron con total naturalidad el modelo de impunidad imperante en el Estado español que impide la investigación y enjuiciamiento de los crímenes contra la humanidad que se cometieron durante la dictadura franquista y la Transición", manifiesa Ceaqua, que dice que estos apoyos contrastan con los recabados por parte de ayuntamientos, fuerzas políticas y sindicales a la denominada querella argentina que, actualmente suma a más de mil denunciantes.

Ceaqua ha recordado que "Martín Villa fue el paradigma de aquéllos líderes políticos que provenientes de una dictadura sanguinaria y cruel como la dictadura franquista pasaron a considerarse 'padres de la actual democracia'".

"Como Ministro de Relaciones Sindicales, Ministro de la Gobernación y Ministro del Interior durante la Transición dirigió un aparato represivo - en ningún momento depurado- que desplegó una actividad que supuso un ataque generalizado y sistemático contra la población civil y que, a pesar de ello y como consecuencia del establecimiento de un modelo de impunidad durante la Transición, posteriormente consolidado, desarrollado y protegido por nuestra actual democracia, pero continuó desarrollando su actividad política sin problema alguno, vinculado y formando parte de los grandes poderes económicos", señalan los querellantes.

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