El Gobierno tiene sobre la mesa dos asuntos pendientes que podrían suponer un ahorro importante a las arcas públicas: la reforma de las pensiones y una eventual congelación del salario de los funcionarios.
El año pasado el Estado gastó más de 135.000 millones de euros en pensiones, un 6,11% más que el anterior. Una cifra que se prevé en aumento por la incorporación al sistema de cotizantes con mayor capacidad adquisitiva.
Sin embargo, la batería de reformas preparada por el ministerio de Seguridad Social y que está a la espera de incluir las recomendaciones que salgan de la comisión del Pacto de Toledo del Congreso podría ahorrar hasta un punto del PIB al año.
El ministro José Luis Escrivá invitó el miércoles a los grupos parlamentarios a alcanzar "de forma urgente" un amplio consenso para reformar el sistema de pensiones para que se revaloricen el año próximo ya con un nuevo mecanismo.
Escrivá presentó su borrador de reformas que contempla varios elementos fundamentales: profundizar en la separación de fuentes de financiación de la Seguridad Social para que pasen a los Presupuestos Generales los gastos que no debería asumir el sistema; impulso de la cotización por ingresos reales en el régimen de autónomos; mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones -el acuerdo del gobierno de coalición establecía su vinculación a la subida del IPC que este año será casi inexistente por la crisis del coronavirus-; desarrollar los sistemas de previsión social complementarios y alinear la edad efectiva de jubilación con la edad legal.
Respecto al aumento de la edad efectiva de jubilación para acercarla a la edad legal, Escrivá indicó que es una medida "que goza de una importante aceptación social y que, según los cálculos de la AIReF, tiene un impacto económico relevante". Así, ha planteado la necesidad de incentivar la demora en la jubilación, "que hasta ahora han tenido poca aplicación práctica”, mediante una exhaustiva evaluación de la realidad del mercado laboral para los trabajadores próximos a la edad de jubilación, así como una reordenación de los incentivos existentes y una corrección de los “elementos distorsionantes de la jubilación anticipada". Con ello, el ministro de Inclusión cree que "se puede revertir la tendencia actual de crecimiento de las jubilaciones anticipadas voluntarias".
Actualmente está vigente la reforma del 2011 que prevé elevar progresivamente la edad legal de jubilación hasta los 67 años para el año 2027, sin embargo la edad real a día de hoy sigue lejos con una media de 64 años y 6 meses.
Sueldo de los funcionarios
Por otro lado, tal y como informa 'El País', el Gobierno está sopesando congelar el salario de los empleados públicos en los próximos Presupuestos Generales del Estado, cuyo borrador debería estar listo antes del 30 de septiembre.
Fuentes del Ministerio de Función Pública citadas por el periódico aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada al respecto, pero sobre la mesa estaría la congelación o una subida simbólica de los salarios para poder cuadrar las cuentas públicas.
Hay que tener en cuenta que hasta julio el IPC estaba en -0,5% por lo que en todo caso apenas perderían poder adquisitivo.
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