El Gobierno ha perdido la votación -por 193 votos en contra frente a 156 a favor- que ha tenido lugar este jueves en el Congreso del Real Decreto Ley sobre el préstamo voluntario de los remanentes de los Ayuntamientos al Estado, pese a que las negociaciones se extendieron hasta última hora del miércoles consiguiendo vencer incluso las reticencias de los comunes.
Se trata de la primera derrota parlamentaria del gobierno de coalición desde que comenzara esta legislatura actual. Todos los portavoces de los grupos parlamentarios ya habían ido anunciado su postura en el pleno por lo que se trataba de una derrota esperada.
Este texto, fruto del acuerdo entre el Ministerio de Hacienda y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), establecía que las Entidades Locales que así lo desearan constituirán voluntariamente un préstamo en favor de la Administración General del Estado por el total de sus remanentes de tesorería. Además, eximiría del cumplimiento de la regla de gasto en 2020 a las Entidades Locales y habría movilizado 5.000 millones de euros a los ayuntamientos con remanentes para destinarlos a programas de cuidados de proximidad, movilidad, vivienda, desarrollo sostenible y promoción de la actividad cultural.
De esta manera, al haberse bloqueado su aprobación, permanece en vigor la ley de estabilidad presupuestaria que no permite a los Ayuntamientos utilizar sus remanentes. La oposición ha reclamado una nueva iniciativa al Gobierno, mientras la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, considera que deben ser los que se han opuesto al Real Decreto los que tendrían que plantear una alternativa.
Alternativa poblacional
El instrumento planteado por el Gobierno como una forma de activar los remanentes municipales sin incurrir en un incumplimiento de la regla de déficit encontró una fuerte oposición por parte de algunos consistorios, mayoritariamente del PP.
Alrededor de una treintena de alcaldes plantearon la alternativa de repartir el fondo de 5.000 millones de forma proporcional a la población residente en cada localidad.
Sin embargo, los cálculos de los Técnicos de Hacienda (Gestha) señalan que esta fórmula restaría 955 millones del fondo a los municipios con grandes diferencias entre los distintos consistorios.
"La propuesta de los 31 alcaldes de repartir el fondo de 5.000 millones de forma proporcional a la población residente en cada entidad local, y no de acuerdo con el eventual préstamo de los remanentes, perjudicaría a los municipios españoles en más de 955 millones, ya que recibirían un 25,5% menos", señalaron en un comunicado.
De estos cálculos también se desprende que esos importes se destinarían a las diputaciones provinciales y a los consejos insulares de Baleares, que aumentarían su participación en 960,6 millones, un 88% más. Y es que Gestha recuerda que cualquier cambio de criterio en el reparto de este fondo beneficiará a algunas Entidades locales y perjudicará a otras, al ser un reparto de "suma cero".
Los técnicos advierten de que esa importante pérdida de recursos municipales resulta muy desigual en función de su solvencia financiera. De manera que los ayuntamientos que sufren un déficit estructural y no disponen de remanentes serían los grandes beneficiados del Fondo, puesto que no podrían acceder al no tener remanentes líquidos que prestar. Por su parte, los ayuntamientos con más solvencia a largo plazo serían los más perjudicados.
Municipios más y menos beneficiados
Sin embargo, la propuesta de los alcaldes sorprende aún más a los técnicos de Hacienda por la diferente situación en la que quedan los 31 municipios, donde reside el 24,05% de la población en España.
Los cálculos efectuados por Gestha muestran que el Ayuntamiento de Barcelona sería el más beneficiado, ganando casi 44 millones de lo que le correspondería por prestar la totalidad de sus remanentes. Le seguirían en el pódium los Ayuntamientos de Valencia, Zaragoza, Murcia, Granada y Córdoba.
En la parte baja del ranking, entre los Ayuntamientos más perjudicados destaca el de Madrid, que podría perder más de 134 millones con la propuesta de su alcalde. A continuación se encontrarían los de Ourense y Pozuelo de Alarcón. Otros municipios bastante afectados por la propuesta de sus alcaldes serían los Ayuntamientos de Santander, Badalona, Badajoz y Marbella.
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