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El Gobierno tendría sobre la mesa más de 3 vías para intervenir la Comunidad de Madrid si continúa el pulso sanitario con el gobierno de Díaz Ayuso
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(Foto: Comunidad de Madrid)

El Gobierno tendría sobre la mesa más de 3 vías para intervenir la Comunidad de Madrid si continúa el pulso sanitario con el gobierno de Díaz Ayuso

domingo 27 de septiembre de 2020, 10:16h

El Gobierno central y el regional de la Comunidad de Madrid han escenificado esta semana un choque de trenes en materia de gestión sanitaria que podría desembocar incluso en un paso más allá: la intervención competencial.

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, durante su intervención del sábado no quiso adelantar acontecimientos, pero sí instó al gobierno de Isabel Díaz Ayuso a "revisar sus decisiones porque está en riesgo la salud de los ciudadanos" ante el incremento de casos de coronavirus.

Una interpretación, la del riesgo para la salud de la población, que permitiría activar un mecanismo para tomar el mando de la situación si no se alcanza un entendimiento de aquí al lunes y se mantiene el pulso entre ambas administraciones por el nivel de restricciones a aplicar para frenar los contagios. Pero no sería el único que estaría sobre la mesa y que podría llegar a activarse el próximo martes en el Consejo de Ministros.

Vías legales

Según apuntan varios medios, el Gobierno estaría ya barajando distintas vías legales para tomar el control de la gestión de la pandemia en la Comunidad de Madrid llegado el caso.

- Por un lado, activar el artículo 52.3 de la ley de Salud Pública ante la evidencia científica de que exista riesgo para la salud de la población.

"Corresponde a la autoridad sanitaria estatal con carácter general, en el ámbito de sus competencias, la adopción de medidas sobre coordinación y ejecución de las actuaciones de salud pública consideradas en la presente ley, así como la adopción de cuantas medidas de intervención especial, de acuerdo con el artículo 52, en materia de salud pública resulten precisas por razones sanitarias de urgencia o necesidad o ante circunstancias de carácter extraordinario que representen riesgo evidente para la salud de la población, y siempre que la evidencia científica disponible así lo acredite", establece dicha norma.

Precisamente, la ley de Salud Pública era la norma que el PP reclamaba al Gobierno que utilizara para gestionar la pandemia en lugar del estado de alarma.

- Hay también quien apunta a que el Gobierno podría llevar las discrepancias con la Comunidad de Madrid al Consejo Interterritorial de Salud para coordinar con el conjunto de las autonomías una respuesta a esta situación, diluyendo la toma de decisiones en el conjunto de líderes regionales.

- O que se optara por otra opción prevista en el real decreto ley de 'nueva normalidad' que el Gobierno aprobó en junio. El Ejecutivo podría activar el artículo 65 del Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 donde se establece que "la declaración de actuaciones coordinadas en salud pública corresponderá al Ministerio de Sanidad, previo acuerdo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con audiencia de las comunidades directamente afectadas, salvo en situaciones de urgente necesidad, en cuyo caso se tomarán las medidas que sean estrictamente necesarias y se le informará de manera urgente de las medidas adoptadas".

- Un estado de alarma territorial sería otra opción que estaría estudiándose. En este caso, el Gobierno podría activarlo -sin necesidad de que la iniciativa parta de la Comunidad de Madrid como ofreció el propio Pedro Sánchez en verano-, pero necesitaría pasar por el Congreso de los Diputados, donde no cuenta con mayoría parlamentaria, en caso de necesitar prorrogarlo más allá de dos semanas.

- No obstante, tanto la declaración del estado de alarma parcial como la aplicación más invasiva del artículo 155 de la Constitución serían los últimos recursos. El citado artículo, aplicado sólo una vez en Cataluña, puede aplicarse en caso de que "una comunidad no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España".

Posición de la Comunidad de Madrid

Por su parte, la propia Díaz Ayuso habría abierto la puerta a ceder a la exigencia de Moncloa de aplicar las restricciones a los núcleos urbanos con una tasa de incidencia acumulada en los últimos 14 días de 500 casos por 100.000 habitantes, la mitad de lo que contempla la consejería de Sanidad, pero con exigencias.

Ayuso habría reclamado a cambio que se extendiera la medida a toda España y que el Gobierno central realizara pruebas PCR tanto en el aeropuerto de Barajas como en las estaciones de Renfe que conectan la capital con el resto del país, tal y como informa Madridiario.

Sin embargo, el consejero de Justicia, Enrique López, descartó que pudiera darse una intervención sanitaria por considerar que la región está ejerciendo sus competencias con "criterio y responsabilidad".

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