Ayuso aclara que cumplirá con la orden ministerial y que no se declara en rebeldía, pero que acudirá a los tribunales

Tras unas declaraciones más polémicas este viernes a primera hora en una entrevista en 'Es Radio', la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado en la Asamblea regional que cumplirá con la orden ministerial de Sanidad que incluye cierre de ciudades.

Ayuso aclaró así que no habrá desobediencia ni declaración de rebeldía, pero que Madrid recurrirá en los tribunales la exigencia del Gobierno central de aplicar las medidas de restricción a la movilidad en las ciudades de más de 100.000 habitantes con alta incidencia en coronavirus.

La presidenta madrileña insistió en la sesión de control parlamentaria en la Asamblea de Madrid que "no está en rebeldía" y que cumplirá "todas las ordenes" dictadas por el Gobierno aunque no le gusten.

Eso sí, dejando claro que irá a los tribunales: "Esta comunidad no está en rebeldía, este gobierno no está en rebeldía y cumplirá todas las ordenes de manera estricta porque no somos como sus socios independentistas". "Ahora, eso sí, iremos a los tribunales nuevamente", añadió ante la pregunta de su rival socialista, Ángel Gabilondo.

Medidas objetivas y justas

Ayuso insistió en que se quiere "defender los intereses legítimos de los madrileños y que las medidas se ajusten a la normativa, a la realidad, que sean objetivas y justas", evitando así lo que supondría volver a "colas del hambre y del paro", señalando a la izquierda política como fabricante de destrucción económica.

En cuanto a por qué no están de acuerdo con las partes pactadas con el Gobierno el lunes, Ayuso explicó que lo que se acordó es que siempre hubiera "diálogo y consenso" y no imposiciones, que es justo de lo que acusa al Ministerio de Sanidad con su reacción de ayer tras la reunión del Consejo Interterritorial de Salud con los consejeros de sanidad de todas las comunidades autónomas.

De ahí salió una votación por 13 votos a favor, 5 en contra y una abstención por la cual se iba a exigir por orden ministerial que se aplicasen una serie de medidas, que incluye cerrar ciudades, además de otras limitaciones a la movilidad, las reuniones y los horarios.