Una nueva sesión plenaria en el Congreso y un grado mayor de espectáculo penoso, donde gobierno y oposición se descalifican rabiosamente y la presidenta del parlamento maneja los debates como militante incondicional del gobierno de coalición. Una completa vergüenza nacional. Y lo más grave es que ambas partes tienen razón en sus acusaciones recíprocas. Este miércoles, Sánchez acusaba al PP de haber dejado de ser un partido de Estado y probablemente tenga razón. Pero resulta evidente que, en sus acciones concretas, el gobierno de coalición da muestras de una auténtica competencia con la oposición en lo que a falta de sentido de Estado se refiere.
El ejemplo de su iniciativa para cambiar la legislación sobre el gobierno de la judicatura es ilustrativo. Es cierto que la falta de renovación de los vocales en ese espacio es una irregularidad, pero la sugerencia de reducir la mayoría necesaria para su nombramiento representa un problema todavía mayor. El legislador ha planteado una mayoría cualificada, para evitar que una exigua mayoría parlamentaria puede controlar partidariamente el poder judicial (precisamente lo que propone el gobierno de coalición Sánchez-Iglesias). En suma, si Casado da muestras de poco sentido de Estado, Sánchez le sigue superando. El negativo de la película “¡¡ Y tú más!!” sigue presidiendo la escena política española.
Quizás uno de los aspectos más graves de este espectáculo deplorable consiste en que parece que sus protagonistas operan como si lo hicieran en medio de la nada; como si su política de banderías no pudiera ser observada desde fuera de las fronteras. Desafortunadamente, eso nunca fue así, pero en los últimos días varios medios europeos bastante prestigiosos lo han puesto manifiestamente de relieve.
El británico The Economist señala que los peores datos sanitarios y económicos de España en Europa son producto de “una clase política venenosa”. Los choques políticos e institucionales contrastan brutalmente con la necesidad de unidad nacional que tiene el país para enfrentar la pandemia.
El influyente diario suizo Neue Zürcher Zeitung va aun más lejos. Un artículo del profesor de economía alemán Friedrich Leopold Sell plantea abiertamente que España está cerca de ser un Estado fallido. “Como es sabido -afirma- se habla de un Estado fallido cuando ninguno de los tres poderes de un Estado constitucional democrático siguen cumpliendo lo que la Constitución y la ciudadanía esperan de ellos”. Y agrega: “Están sucediendo cosas terribles en la quinta economía más grande de Europa”.
Sell menciona los elementos de lo que, a su juicio, componen la crisis constitucional española: el trance de la Monarquía provocada por la actuación del rey Juan Carlos; el separatismo catalán; la debilidad política del gobierno de coalición, ("Sánchez no tiene mayoría en las Cortes y depende repetidamente de la aprobación o tolerancia de los partidos nacionalistas"); el choque institucional entre niveles del aparato público y los intentos de manipulación del poder judicial.
En pocas palabras, lo más granado de la opinión pública europea ya expresa sin muchas vueltas lo ingratamente asustada que está ante el bochorno de la política interna en España. La cultura política fratricida carpetovetónica resulta una indeseable evidencia en Europa.
Claro, muchos observadores españoles no aceptan la idea de que España pueda llegar a ser considerada un Estado fallido. Por ejemplo, Fermín Bocos, afirma en un artículo reciente que, aunque hay que reconocer que España está muy mal, no puede decirse que sea un Estado fallido, y agrega “no hay necesidad de asustar al personal”. Todo parece indicar que Bocos funde el análisis con sus deseos. Es cierto que no hay que atemorizar al personal, pero es todavía peor no mostrarle la realidad descarnadamente. Porque las consecuencias de esta política cainita pueden empeorar dramáticamente la situación. Tampoco conviene disimular el problema diciendo que la política de banderías sólo tiene lugar entre los representantes políticos. Es cierto que hay una parte de la ciudadanía que está harta de la crispación, pero no es menos cierto que otra buena parte de la gente empuja a los partidos hacia el enfrentamiento. Esta pobre cultura política nace de las entrañas de la sociedad española.
El problema consiste en que si se extiende en la opinión pública europea esa imagen cainita de España, es altamente probable que se pongan en riesgo las ayudas económicas de la Unión Europea. Los países reticentes del norte tienen la oportunidad servida para operar en dos direcciones: por un lado, pueden establecer condicionantes para su disposición como los que quieren poner a países con problemas institucionales, como Polonia, y, por otro lado, pueden retrasar apreciablemente la entrega, hasta fines del 2021 o avanzado el 2022, es decir, ahogar todavía más la angustiosa condición socioeconómica. En suma, lejos de ser gratuita, la cultura política cainita tiene un alto precio para el país. Y lo peor es que no se aprecia una solución en el horizonte.
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