Sanidad y las autonomías aprueban las medidas para controlar la pandemia; se aplaza el toque de queda

El Consejo Interterritorial de Salud ha dado luz verde, a pesar de la abstención de Madrid y el País Vasco, al documento que establece medidas comunes (cuatro niveles de alerta e indicadores epidemiológicos y asistenciales) para combatir la pandemia del coronavirus. Sin embargo, no se ha adoptado una decisión sobre el establecimiento del toque de queda, a la espera de un dictamen jurídico, por lo que ha quedado aplazada.

Las comunidades autónomas han aprobado el plan de Sanidad para establecer cuatro niveles de alerta e indicadores epidemiológicos y asistenciales comunes para hacer frente a la pandemia del coronavirus. El documento será remitido a los ejecutivos autonómicos en las próximas horas, tras el intercambio de opiniones entre el Ministerio de Sanidad y los consejeros del ramo. En la votación, la Comunidad de Madrid y el País Vasco se han abstenido a la espera de conocer el documento definitivo, mientras el resto de regiones ya han dado su visto bueno.

Aunque se ha alcanzado un acuerdo en torno a las medidas comunes para afrontar esta segunda ola, la decisión sobre el toque de queda ha quedado aplazada, ya que hasta ahora, el Gobierno ha defendido que era preciso declarar el estado de alarma para adoptar esta medida. Sanidad estudia ahora las posibles vías jurídicas para el establecimiento del toque de queda.

El documento, con el título de 'Actuaciones de respuesta coordinada para el control dela transmisión de COVID-19' está dirigido a garantizar la coordinación entre territorios, y contempla que las comunidades tomen las medidas complementarias que consideren oportunas. El objetivo de este documento es que las autonomías puedan evaluar el riesgo, establecer un nivel de alerta y adoptar medidas proporcionales, adaptables a la situación y al contexto de cada territorio.

Indicadores de transmisión

Para ello, se incluyen indicadores de transmisión o epidemiológicos (incidencias, positividad y trazabilidad), indicadores asistenciales o de utilización de los servicios sanitarios (ocupación hospitalaria y de UCI) e indicadores complementarios que ayudan a evaluar el riesgo. Todos ellos se han seleccionado por su utilidad para capturar los aspectos más importantes de la situación epidemiológica y las capacidades de respuesta.

En cada uno de estos indicadores, se establecen umbrales para determinar si el riesgo es bajo, medio, alto o extremo.

En todo momento, estos umbrales se basan en la evidencia científica, los estándares internacionales y la experiencia acumulada por las administraciones sanitarias. Los umbrales se irán ajustando a medida que se disponga de mayor evidencia científica a nivel nacional e internacional.

Cuatro niveles de alerta

Los indicadores deben interpretarse siempre en su conjunto, de forma dinámica, valorando específicamente tanto la tendencia como la velocidad.

Así, la combinación del resultado de los indicadores posicionará a cada territorio en un nivel de alerta, del 1 al 4. Éstos se irán aplicando tanto en escenarios de aumento de riesgo como de reducción, siguiendo criterios de prudencia.

Esto significa que se recomienda incrementar el nivel de alerta cuando la situación esté suficientemente consolidada, pero para disminuirlo, será necesario que los indicadores permanezcan en un nivel de riesgo menor durante al menos 14 días.

Actuaciones de respuesta

El documento propone actuaciones a instaurar en cada unidad territorial que haya sido evaluada en los niveles de alerta del 1 al 3. Para aquellos territorios situados en un nivel de alerta 4, además de las actuaciones recogidas en el nivel 3, se establecen medidas excepcionales, que podrán requerir la activación del mecanismo previsto para los estados de alarma, excepción y sitio.

Serán las comunidades autónomas quienes decidirán cuándo y qué medidas se aplican. Antes de su implantación, informarán de ello al Ministerio de Sanidad. De forma coordinada con el Ministerio, revisarán de forma periódica la situación epidemiológica para valorar, mantener o modificar el nivel de alerta y las medidas aplicadas.

Cada comunidad autónoma deberá vigilar con especial atención los indicadores de su territorio en entornos de especial vulnerabilidad como los sociosanitarios y fortalecer las capacidades de respuesta en la zona afectada, incluyendo protocolos de vigilancia y de atención en estos ámbitos.