Tras haberlo dejado caer en numerosas ocasiones, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha confirmado que reformará la ley de salud pública gallega para formular una ley específica para "gestionar y luchar contra la pandemia del coronavirus". El presidente de Galicia cree que el estado de alarma es perjudicial para la reputación de nuestro país, por lo que aprovechará su mayoría absoluta para impulsar una ley que permita adoptar restricciones de libertades y derechos fundamentales.
"La Xunta ha defendido la necesidad de adaptar la normativa para lidiar con la emergencia sanitaria sin tener que recurrir a mecanismos con un enorme impacto reputacional como el estado de alarma y el conocido como toque de queda", ha manifestado Feijóo tras la reunión del consejo de Gobierno.
Feijóo ha lamentado que "el Gobierno central no vaya a regular a través de ley orgánica la gestión de la pandemia en España", por lo que ha defendido su propuesta para regular, a través de la Ley de Salud de Galicia, "un apartado amplio para gestionar con la mayor seguridad jurídica, certeza y claridad para todas las administraciones públicas y ciudadanos gallegos".
El presidente gallego considera que no es necesario "recurrir a un estado de alarma permanente o intermitente" para adoptar medidas de carácter excepcional, al tiempo que ha criticado que existan "19 estados de alarma arbitrados por las comunidades autónomas en función de la situación sanitaria".
La propuesta de modificación de la Ley de Salud se pone en marcha con el objetivo de "subsanar carencias como la necesidad de mayor concreción en las medidas, la regulación de los requisitos exigibles para su adopción por las autoridades, la urgencia de una mayor concreción del régimen sancionador y la precisión de los términos y el alcance de las garantías judiciales".
Feijóo ha explicado que el nuevo texto recogerá todas las medidas preventivas, de control de casos, contactos estrechos o en riesgo y posibles infracciones que pueden ser adoptadas por las autoridades para proteger la salud, incluyendo las limitaciones de derechos fundamentales.
Entre las medidas preventivas se añaden: limitaciones de horario de apertura o cierre de establecimientos, medidas de seguridad e higiene, el uso obligatorio de la mascarilla, o la prohibición del consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública.
En las medidas para el control de casos, contactos estrechos o en riesgo se fijan actuaciones como: la obligación de guardar aislamiento en el domicilio, la obligación de recibir un tratamiento adecuado, así como a someterse a los test y cribados, e incluso a la vacuna, así como medidas que limiten la circulación y la movilidad, confinamientos de zonas y restricciones a las agrupaciones de personas.
En cuanto a las infracciones, el documento detallará las posibles infracciones, entre las que se incluyen el incumplimiento del uso de la mascarilla, la celebración de fiestas, o el incumplimiento del aislamiento o la cuarentena.
De este modo, y según la ley, podrán considerarse infracciones leves, graves o muy graves, con sanciones de hasta 3.000 euros en el caso de las leves; y de 3.001 a 60.000 euros en las graves, que podrán llegar a los 600.000 euros en el caso de las muy graves. Feijóo precisó que la sanción por no usar mascarilla será de 100 euros, aunque pueda ser superior según las circunstancias de la infracción.
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