La Comunidad de Madrid manifiesta su firme oposición a la regulación de los precios de los alquileres anunciada por el Gobierno de España, por tratarse de una medida que se ha demostrado fracasada.
El consejero de Vivienda y Administración Local, David Pérez, ha subrayado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que “en ciudades como Berlín o París el precio del alquiler subió más desde que entró en vigor la ley que los reguló. De hecho, esta medida supuso en Francia la retirada de la ley Alur por parte de los tribunales de justicia franceses, dejando más de 10.000 viviendas fuera del mercado, con el consiguiente encarecimiento medio de la vivienda”, ha advertido.
En Estocolmo –ha detallado el consejero- “el resultado ha sido igualmente fallido, ya que poder alquilar un piso en algunos barrios de la ciudad tiene una lista de espera de entre 20 y 23 años por la falta de oferta, dado que allí el precio se fija en una negociación entre asociaciones de propietarios e inquilinos
bajo reglas públicas, y si se fracasa lo fija un tribunal”. Para arrendar en la capital sueca, ha recordado, es necesario registrarse en una lista de espera municipal y es el ayuntamiento quien adjudica las viviendas.
Pérez ha constatado durante su discurso que “muchos propietarios de inmuebles en mal estado optan por no reformarlos, ya que no les compensa la renta que perciben, por lo que el resultado final de esta medida es un profundo deterioro del parque de viviendas”.
Igualmente, ha recordado que “hasta el propio Banco de España ha señalado los efectos adversos" de la medida, como la puede ser la reducción de la oferta, “con posibles pérdidas de bienestar social en el medio y en el largo plazo".
A todo esto hay que añadir, en opinión del titular de Vivienda, “que el sistema estatal de índices de referencia del precio de alquiler está desactualizado, ya que las referencias de precios son del 2018 y muestran una amplia dispersión entre municipios y entre barrios, por lo que, si se pretende usar para topar los precios en zonas tensionadas, no serviría y generaría un aluvión de impugnaciones al generar una elevada inseguridad jurídica”.
MÁS OFERTA, COLABORACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Y SEGURIDAD JURÍDICA
Frente a la regulación de los precios de los alquileres propuesta por el Gobierno central, el Ejecutivo madrileño apuesta por medidas que favorecen la oferta, la movilización de suelo, la colaboración público-privada y que aportan más seguridad jurídica para que arrendadores y arrendatarios puedan actuar con
libertad.
Entre ellas, destaca el Plan Vive, que supondrá la llegada al mercado del alquiler madrileño de 15.000 viviendas con rentas asequibles en esta legislatura y 25.000 en los próximos 8 años.
Por último, Pérez se ha referido a las herramientas con las que la Comunidad garantiza un mejor acceso de los madrileños a la vivienda, como el incremento de las ayudas al alquiler hasta 38,2 millones de euros por los efectos derivados del COVID-19; las ayudas otorgadas para la compra de primera vivienda a
jóvenes de hasta 35 años; el Plan Alquila Joven que se ha adaptado a las necesidades de los jóvenes, y las más de 23.200 viviendas de la Agencia de Vivienda Social a disposición de los más vulnerables.
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