El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña ha atendido la petición del Gobierno para ejecutar la sentencia que obliga a la familia Franco a devolver el pazo de Meirás al Estado, dado que se trata de una propiedad pública. La magistrada ha fijado la entrega voluntaria del inmueble por parte de la familia Franco el 10 de diciembre a las 11 horas.
Por motivos de seguridad, y con el fin de preservar su integridad, la entrega será verificada por la comisión judicial en el propio pazo. Los demandados se han mostrado conformes con la ejecución provisional de la sentencia. La jueza, no obstante, advierte que si no realizan la entrega en el día y hora señalados, “se procederá en el mismo acto al inmediato desalojo”.
El Juzgado de Primera Instancia número 1 de A Coruña estimó el pasado 2 de septiembre la demanda interpuesta por el Estado y lo declaró propietario del Pazo de Meirás, por lo que condenó a la familia Franco a la devolución del inmueble sin ser indemnizada por los gastos en los que afirmaba haber incurrido para el mantenimiento de la propiedad. En el procedimiento, la Xunta de Galicia, el Concello de Sada, el de A Coruña y la Diputación Provincial defendieron también la postura de la Abogacía del Estado, mientras que como demandados constaban seis familiares de Francisco Franco y una sociedad limitada.
La magistrada Marta Canales declaró en la sentencia la nulidad de la donación efectuada en 1938 de “la finca denominada Torres o Pazo de Meirás al autoproclamado jefe del Estado, Francisco Franco Bahamonde, por carecer del requisito esencial de forma”. Al entender que la propiedad del inmueble corresponde al Estado, la jueza declaró también nula la parte de la escritura por la que los herederos de Franco se hicieron con la finca, así como la donación que se recoge en una escritura de noviembre de 1982.
La familia Franco ya ha recurrido la sentencia, cuya ejecución provisional se llevará a cabo en diciembre, ante la Audiencia Provincial de A Coruña.
El pasado 27 de octubre, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, confirmó que la Administración del Estado había solicitado la ejecución provisional de la sentencia del Pazo de Meirás. "Es una reclamación de la ciudadanía, las instituciones y administraciones", manifestó sobre la devolución del pazo.
La ejecución de la sentencia 137/2020 del Juzgado de Primera Instancia nº 1 de A Coruña consiste en la entrega del inmueble a la Administración del Estado que, desde ese momento, asumirá los derechos y obligaciones inherentes a su condición de poseedor.
Según el ministro, este Gobierno ha demostrado su compromiso con la memoria democrática y, en este sentido, la recuperación de este inmueble es otro gran paso en la recuperación de la memoria histórica de los españoles.
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