El estado de alarma, las comunidades autónomas y el confinamiento domiciliario

El actual estado de alarma no ampara el confinamiento domiciliario que plantean algunas comunidades autónomas para tratar de doblegar la curva de contagios por coronavirus. De esta forma, el Gobierno deja en manos de las autonomías la decisión pero sin el amparo del estado de alarma, sino en base a la ley general de Salud Pública y con la correspondiente autorización judicial.

El Gobierno ha logrado prorrogar el estado de alarma durante seis meses, con una revisión a los cuatro, con el argumento de ofrecer un plazo razonable para el control de la pandemia del coronavirus, teniendo en cuenta los datos de esta segunda ola y la llegada del invierno y la temporada de gripes. Moncloa decretó un nuevo estado de alarma en el que las autoridades delegadas son los gobiernos autonómicos, que pueden limitar las reuniones sociales por debajo del máximo de 6 vigente, pueden decretar confinamientos perimetrales en todo o parte de su territorio y pueden adoptar medidas como el toque de queda o el cierre de la hostelería.

Moncloa ha defendido que el estado de alarma buscaba otorgar cobertura legal a las comunidades autónomas para controlar la transmisión del virus, sin embargo, con en su actual redacción no contempla el confinamiento domiciliario.

Comunidades como Castilla y León, el País Vasco o Asturias barajan la adopción de esta medida, el confinamiento domiciliario, similar al del pasado mes de marzo. El Ministerio de Sanidad descarta por el momento esta opción, y pide esperar a conocer los efectos de las medidas que se han implementado en las últimas semanas.

Y ante este planteamiento de algunas autonomías, el Gobierno ha respondido que son las encargadas de tomar las decisiones, pero descartan modificar el decreto de alarma, por lo que si optan por el confinamiento domiciliario, han de basarse en la Ley General de Salud Pública. De esta forma, los gobiernos tendrían que dictar una orden y buscar el aval de la justicia.

Precisamente el estado de alarma fue una reclamación de la mayoría de autonomías ante las diferencias de criterio de los tribunales autonómicos respecto a las restricciones adoptadas por los ejecutivos regionales.