Moncloa prepara ya un plan de ayudas para la hostelería

El sector de la hostelería es uno de los más damnificados por el coronavirus, pues muchos ya tuvieron que parar su actividad en el confinamiento y con las restricciones, que se han ido endureciendo en los últimos meses, muchos negocios se han visto obligados a echar el cierre temporal o definitivamente. Los locales de ocio nocturno siguen cerrados y los bares y restaurantes afrontan cierres obligados en algunas regiones o fuertes limitaciones de su aforo en general.

En este contexto de restricciones y/o cierres obligados, el sector hostelero lleva meses reclamando al Gobierno un plan de acción que ayude al sector a superar esta crisis, pues la ampliación de los ERTE no es suficiente para poder mantener los negocios a flote. Los hosteleros exigen ayudas directas para poder sobrevivir en un sector en el que, según los datos oficiales, han tenido que bajar la persiana unos 65.000 negocios con una repercusión de más de 300.000 empleos perdidos.

Advierten que si antes de fin de año la situación no cambia, tendrán que cerrar definitivamente un tercio de los establecimientos que supondrá la destrucción de más de un millón de empleos directos e indirectos.

Ayudas directas y bonificaciones en la Seguridad Social

Los reclamos de los hosteleros han llegado a buen puerto y el Ejecutivo ha anunciado una batería de medidas destinadas a paliar los daños de la pandemia del coronavirus para aportar un salvavidas al sector.

Según apunta 'El País', el Gobierno ya cuenta con propuestas en firme en materia fiscal, económica y financiera para poder aprobar un plan de rescate cuanto antes. Las informaciones al respecto sostienen que se concederán ayudas directas al sector (una de las principales peticiones que llevan tiempo realizando los sindicatos de hostelería) así como posibles exoneraciones y bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social junto con un plan de acciones nuevo que les permita renegociar el pago de los alquileres.

Los sindicatos han solicitado ayudas directas por un mínimo de 8.500 millones "a fondo perdido" y derogar la cláusula que impide que las empresas que se han acogido a un ERTE durante la pandemia no puedan despedir a los trabajadores en los próximos 6 meses.