La concertada se rebela por la 'ley Celáa': "Es una ley más sin consenso y que no propone nada"

(Crónica de Mery Martínez)

La reforma de la ley educativa LOMLOE, más conocida como ‘Ley Celáa’ del Gobierno del PSOE y Unidas Podemos, aprobada el pasado viernes en el Congreso por la Comisión de Educación tras haber incorporado cambios en el texto inicial, ha sido una de las más polémicas de los últimos años. La eliminación del castellano como lengua vehicular o la modificación del papel de la enseñanza concertada ejemplifican la falta de consenso que ha hecho levantar la voz de alarma por parte de diversos colectivos educativos, así como por parte de los grupos parlamentarios de la oposición.

Este proyecto de ley, que derogará la ley educativa vigente (Lomce), recupera algunas de las premisas de la LOE de José Luis Rodríguez Zapatero (2006). Desde hace dos meses, el Gobierno de coalición ha pactado y debatido 320 propuestas que se adherirán a la normativa tras la votación de este viernes. La rapidez de implantación, unida a la falta de diálogo con la comunidad educativa son otra de las críticas a las que se enfrenta su tramitación.

"La LOMLOE no ataca a las escuelas concertadas", ha dicho una y otra vez durante los últimos meses la ministra de Educación, Isabel Celáa, de la cual toma el nombre la ley. Unas palabras que distan de lo que para muchos supone “un instrumento jurídico para suprimir aulas concertadas a pesar de que tengan alumnos”, según ha explicado José Antonio Poveda, Secretario Regional de Escuelas Católicas Madrid.

Escuelas Católicas forma parte de la nueva red Plataforma Más Plurales, en defensa de la educación concertada, que ante la negativa de las peticiones propuestas por este colectivo ha decidido recurrir a la ciudadanía, que ha respondido con un total de 1.386.646 firmas contra un colectivo - la educación concertada- que representa el 29,6 por ciento del alumnado madrileño. Este grupo se volvió a concentrar durante el viernes frente al Congreso de los Diputados con el objetivo de mostrar su rechazo a la LOMLOE.

“Es una ley anti todo, no propone nada. Anti concertada, anti asignatura de religión, anti especial, anti diferenciada, anti esfuerzo, anti lengua castellana…”, ha denunciado el Secretario de la entidad. También desde Escuelas Católicas Madrid han criticado la rapidez y la falta de consenso con la que se está produciendo la implantación de “una nueva ley tan importante como es la educativa”.

“Lo que me sorprende es que volvamos a hacer otra ley más sin consenso. Se está haciendo a toda prisa, prescindiendo del debate y del diálogo en el Congreso, así como de la comparecencia por parte de expertos. Además, en medio de una pandemia en la que todos estamos horrorizados”, ha subrayado Poveda.

Cambios que propone la ley

La enseñanza concertada es uno de los aspectos más afectados ante las modificaciones que propone la ley. Uno de los puntos más controvertidos se relaciona con la prohibición de percibir cantidades de las familias por recibir enseñanzas de carácter gratuito. La norma, además, suprime el concepto de “demanda social” asociado a estos centros. Esto significa que no podrán ampliar sus plazas si todavía quedan huecos libres en la enseñanza pública, a pesar de que las familias lo soliciten.

En relación con estos efectos en la educación concertada, el Secretario de Escuelas Católicas Madrid ha explicado que “cuando los gobiernos de coalición de Unidad Podemos y PSOE han llegado a algunas comunidades lo primero que han hecho ha sido suprimir aulas concertadas con alumnos para derivarlos a centros públicos y eso lo han perdido en los Tribunales. Con esta ley buscan una normativa que ampare este tipo de decisiones”, ha asegurado.

Otro de los aspectos, que afecta de igual modo a los centros públicos y concertados, se relaciona con la elección del centro educativo. Según la ley, las administraciones educativas podrán constituir comisiones u órganos de garantías de admisión cuando la demanda de plazas supere la oferta. Esto podría afectar a que “la familia tenga mucho menos que decir en esta elección, y tenga más capacidad de distribución la Administración. Al final realmente el peso de la elección se va a ver muy disminuido y la administración, en lugar de atender tu derecho de elección, lo que hace es asignar una plaza en función de los parámetros que ellos consideren”, ha expuesto el secretario.

Además, la norma incluye que los centros sostenidos parcial o totalmente con fondos públicos, como es el caso de los concertados, no podrán separar al alumnado por género. Desde el Gobierno de coalición se habla de segregación, y desde Escuelas Católicas aclaran este debate haciendo referencia a que “si realmente se tratara de segregación, habría que prohibir este tipo de educación y el Constitucional ha determinado que no es discriminatoria y que, por consiguiente, no segrega. Por tanto, no hay motivos para que no pueda ser concertado, es un tema puramente ideológico”, ha constatado José Antonio Poveda.

Asimismo, ha asegurado que “centrar el debate en esta cuestión es una manera de enmascarar la carga ideológica que tienen otras cuestiones que son mucho más importantes dentro de la ley”.

Sin duda, otra de las enmiendas que más revuelo ha causado en los últimos meses se relaciona con la eliminación del castellano como lengua vehicular. En la actual norma, ‘ley Wert’, este idioma se establece como lengua vehicular de la enseñanza de todo el país. Sin embargo, en el texto de la enmienda se ha suprimido este aspecto con el objetivo de que las comunidades puedan determinar cuál es la lengua de sus centros.

“La jurisprudencia del Constitucional es muy clara en este punto y lo demuestran las familias que en Cataluña pleiteando estén ganando todas las sentencias sobre su derecho a poderse educar en la lengua materna que para muchos es el castellano”, ha relatado el secretario. Al quitar el carácter vehicular de la lengua castellana, “en Cataluña se entorpece esa catarata de sentencias contrarias. Al final te obligan a recurrir al Constitucional y alargar el proceso legal”, ha afirmado.

En cuanto a la educación especial, a través de esta ley se permitirá derivar a los alumnos con discapacidad a los colegios ordinarios. Para el colectivo supone un empeoramiento de la calidad educativa de estos menores. “El hecho de pretender llevar a un niño que necesita una atención permanente a un colegio con 1.000 alumnos sin esta atención especializada carece de sentido”, ha expuesto.

En este sentido, según ha explicado José Antonio Poveda, “Aquí lo importante es escuchar a las familias. Esto que el Estado decida por unos padres con niños con discapacidad, que saben todo de su vida y han pasado por todo tipo de experiencias, me parece de prepotencia y arrogancia”.

La enseñanza de la religión pasará a no evaluarse por lo que “tener esta categoría en cierto modo es como si se le echa del horario lectivo. Es devaluar el régimen de esa asignatura”. Además, Jose Antonio considera que “la presencia de la religión conecta directamente con el pleno desarrollo de la identidad, que es lo que dice el 27.2 de la Constitución haciendo referencia al pleno desarrollo de la personalidad”.

Todas estas modificaciones tienen como telón de fondo un continuo cambio de leyes educativas. En cuarenta años de democracia, la Comunidad educativa ha pasado por nueve leyes, un aspecto que según los expertos no da el tiempo necesario para que un texto legal muestre sus debilidades o fortalezas. “Es fundamental conseguir un pacto por la educación. No podemos estar constantemente sometiendo al sistema educativo, a centros y a profesores a constantes cambios. La educación necesita reposo y planes a largo plazo y no al corto plazo que nos tiene acostumbrado”, ha concluido el secretario general de Escuelas Católicas Madrid.

Díaz Ayuso y Ossorio también opuestos a la ley

Los cargos madrileños en la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y Enrique Ossorio, consejero de Educación y Juventud, han hecho referencia a estos aspectos manifestando su oposición al proyecto de ley. La presidenta ha criticado la falta de consenso ante una norma que a su juicio “perjudica la calidad del sistema educativo” y ha anunciado que presentará una normativa autonómica que garantice la creación de plazas en ambas modalidades educativas (concertada y pública), dando especial acento a la educación especial.

Por su parte, el responsable regional de Educación también ha cargado contra esta reforma, que a pesar de que en su proyecto inicial ya era "perjudicial" para España y la Comunidad de Madrid, tras la tramitación parlamentaria se está "estropeando mucho más", ha señalado. Asimismo, ha criticado el momento en el que se está tramitando el proyecto, “mientras la sociedad española está muy preocupada por la pandemia”, ha expuesto.

Por parte de Escuelas Católicas Madrid y por consiguiente de la plataforma, Más Plurales, aseguran que seguirán con las protestas y movilizaciones en el caso de que la propuesta no se modifique. “Seguiremos tratando de transmitir a la sociedad los aspectos que no compartimos de esta ley, que son muchísimos”, expone. El próximo día 22 de noviembre se llevará a cabo una movilización en vehículos en todas las capitales de provincias, incluida Madrid