Ley educativa: reflejo de las dos Españas irreconciliables

Más allá de las preferencias políticas de cada cual, hay una amplia coincidencia acerca de que la Ley Celaá es una más de las que nacen moribundas, listas para ser sustituidas en cuanto cambien las mayorías parlamentarias. Y ya van ocho. También hay consenso acerca de que esta inestabilidad normativa tiene un efecto gravemente negativo para el sistema educativo, así como que no es simplemente un asunto sectorial, sino que refleja la situación en que se encuentra la sociedad española. Parafraseando al socialista Lambán, la cuestión educativa es la mayor vergüenza de nuestra democracia.

Asumiendo, pues, que la nueva ley de educación es producto de la profunda división cultural de la sociedad española, importa no perder de vista que este tipo de división es un fenómeno mundial, si bien tiene características peculiares en el caso español. En efecto, al menos en el mundo occidental del hemisferio norte, la tradicional división política entre progresistas y conservadores se ha ido transformado desde las últimas décadas del siglo pasado en una profunda división sociocultural, que anuda tensiones socioeconómicas y visiones de mundo claramente enfrentadas.

Así ha sucedido en Estados Unidos de una forma radical, pero también se ha manifestado en Europa: culturalmente hablando, hoy hay dos Francias, dos Alemanias, dos Inglaterras y dos Italias. La diferencia con el caso español reside en que en la mayoría de los países europeos esta profunda división cultural se ve acompañada por otros factores que la moderan: en Alemania, hay un poderoso sentido de Estado, que permite coaliciones cuando la situación es crítica; en Francia hay un fuerte sentido de nación que impide que las fuerzas centrífugas se traduzcan en tensiones territoriales; en Inglaterra es de carácter referencial (frente al resto de Europa), aunque ya tiene también efectos internos y en Italia la división cultural se vive con cierta naturalidad.

El paso de la división política tradicional a la profunda partición sociocultural se observa más claramente en aquellas sociedades donde se manifiesta con mayor crudeza. Hoy, el ejemplo más evidente es la sociedad estadounidense. El truncamiento del sueño americano (cada persona sería dueña de su propio destino), al lado de fuertes turbulencias económicas (la globalización y su producción de ganadores y perdedores), junto a cambios demográficos y generacionales, han ido generando desde los años ochenta patrones culturales y visiones de mundo claramente enfrentadas. Las redes sociales han servido sobre todo para sacar a la superficie los resentimientos sociales profundos. Resultado de todo ello es el fenómeno Trump y la dramática división nacional que Biden no podrá resolver en cuatro años.

En el caso español, la división sociocultural profunda es de antigua data. Hace siglos que produjo una cultura política de banderías que tuvo su máxima expresión en una truculenta guerra civil. Pareció que esa tendencia histórica tendría un punto de ruptura con la transición a la democracia en los años setenta, pero resulta evidente que en los últimos veinte años esa perspectiva de reconciliación no se ha consolidado. Y sobre las visiones de mundo divergentes de las viejas generaciones, se han levantado nuevas diferencias y tensiones adicionales (económicas, territoriales, generacionales), que las redes sociales -también aquí- han sacado a la superficie, generalmente en su versión más borde. Así que esta sociedad sociológicamente renovada, mantiene sorprendentemente intacta la división sociocultural de las dos Españas.

Cabe la pregunta de si esta sociedad estará condenada a mantener esa partición cultural por los siglos de los siglos. Eso es imposible saberlo, pero no hay duda de que para superar esa fractura se necesita salir del actual entrampamiento político, que actúa como un cepo que nos impide renovar los votos de la reconciliación. Mientras la suerte de los gobiernos esté atada al establecimiento de alianzas con los sectores extremos, será imposible que las diferencias culturales lleguen a ser procesadas con tolerancia; o, en otras palabras, puedan tener límites y contrapesos como sucede en otros países europeos.

No hay que confundirse: la actual ley Celaá es producto del sectarismo de un gobierno de coalición con Podemos; pero algo similar sucedería con un gobierno del PP que dependiera de los votos de Vox. Y la única posibilidad de tener una ley educativa estable, consensuada bajo mínimos, consiste en que PSOE y PP den un paso adelante y se impongan al radicalismo que les permite ganar o mantenerse en la Moncloa. Pero para abrir ese cepo político tendrán que darse considerables cambios en la cultura política del país, algo que no sólo refiere a los partidos sino al conjunto de la ciudadanía. Y pocas esperanzas hay de que pueda suceder algo así en el corto plazo.