El Ministerio de Igualdad, obligado a anular un contrato por discriminación de género

El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, determinó el pasado junio que los pliegos de un concurso que había sacado el Ministerio de Igualdad para cubrir determinados servicios del 016, "constituyen causas de nulidad de pleno derecho" y suponen "la vulneración de Derechos Fundamentales". Para el tribunal, las condiciones del concurso público impedían a los interesados "participar en condiciones de igualdad".

Según ha informado el diario digital 'El Confidencial', el ministerio de Irene Montero sacó en marzo un concurso público para cubrir diferentes puestos relacionados con el servicio 016 de atención a las víctimas de violencia de género.

Según informan, el contrato tenía un valor de más de 7 millones de euros si se prorrogaba 5 años y tenía por objeto cubrir los servicios de atención telefónica y asesoramiento legal, para lo que el Ministerio exigía 15 operadoras, 8 psicólogas o trabajadoras sociales y 8 asesoras legales. El número de plazas totales a cubrir era de 33 y el ente público pedía en sus condiciones que se contratase, mínimo, a 31 mujeres.

Denuncia por discriminación de género "con preferencia por la mujer"

'El Confidencial' señala que una de las empresas que concurrieron al concurso público, denunció las condiciones recogidas en el pliego ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales al considerar que el concurso vulneraba la igualdad de género "con preferencia por la mujer".

En la denuncia, Innova, la empresa concurrente que llevó los hechos ante el tribunal, alegó que la exigencia de mujeres en casi todos los puestos ofertados atentaba contra los Derechos Fundamentales y era contraria tanto al convenio como a diferentes leyes.

Finalmente a principios de verano, el tribunal dio la razón a Innova y determinó que las condiciones establecidas en los pliegos del contrato "constituyen causas de nulidad de pleno derecho" y que "vulneraba el orden Constitucional" al impedir participar a dicha empresa en condiciones de igualdad. Por ello, dictaminó que la denuncia de la empresa era lícita y el Ministerio de Igualdad tuvo que anular la adjudicación de dicho contrato.