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La Constitución en riesgo

lunes 07 de diciembre de 2020, 19:51h

La historia del constitucionalismo español fue insegura, aunque exista esa referencia mítica que fue la Constitución de Cádiz de 1812. Las circunstancias bélicas y los conflictos internos que rodearon la redacción de sus textos no les dieron unas bases de acuerdo social suficientemente amplio para conseguir una identificación popular superior a las pasiones partidistas. La inestabilidad constitucional fue un mal histórico que, aunque con distintos grados, repercutió en la continuidad institucional de la España contemporánea, perjudicando el progreso de un pueblo cuyos esfuerzos colectivos se perdieron en gran parte por la inestabilidad institucional.

La aparición de la II República, tras la renuncia de todos los precedentes políticos a asumir sus responsabilidades, abrió una oportunidad de acuerdo básico que fue desaprovechada por la parcialidad de no entender el republicanismo como una forma de Estado capaz de alternancia sino como la imposición de un régimen de izquierdas. Ser un buen republicano no era creer en una arquitectura de Estado habitable por todas las tendencias democráticas sino pertenecer a un círculo sectario. Cuando esta parcialidad quedó consagrada, la confrontación política dejó de ser un asunto abierto a todos dentro de unas reglas comunes para convertirse en una lucha interna por el predominio de uno de los frentes en juego dentro del círculo izquierdista: la dictadura del proletariado. Así se llamaba algo que excluía todo lo que estuviese al margen del extremismo radical de ingredientes sociocomunistas que compartían la coexistencia con los gérmenes separatistas enemigos del Estado y la macabra tradición anarqista. Quedaba fuera de toda consideración cualquier referencia a la tradición histórica de España, a la moderación o el liberalismo, así como el propio republicanismo puro considerado burgués y contaminado de transigencia contrarrevolucionaria.

Esta fue la clave de su fracaso y no la acción de sus enemigos. Sus disturbios incendiarios y sus separatismos alborotados provocaban reacciones imprevistas de los residuos de sensibilidad nacional supervivientes en el fondo de armario de uno de los Estados más antiguos del mundo y del instinto de conservación de la familia hispánica. No se produjo en estos términos el nacimiento de la Constitución de 1978 cuyo 42 aniversario celebramos y cuya duración es ya un éxito en términos comparativos. La Constitución de mil novecientos setenta y ocho fue una iniciativa concordada entre todos los partidos políticos tras unas elecciones generales celebradas con todas las garantías democráticas. Fue sometida a la aprobación de ambas cámaras –Congreso y Senado- elegidas por votación popular y posteriormente sometida a referéndum nacional abrumadoramente ganado. Sería absurdo no reconocer que tras este éxito pesaba la sombra de una trágica guerra civil terminada cuarenta años atrás, cuya cicatrización fue el objetivo primordial de quienes quisieron establecer un sistema político sin mirar atrás en el que cupiesen todos los españoles, fuesen cuales fuesen sus ideas. El texto inicial fue reformado también por acuerdo de todos los grupos del Congreso como consecuencia de su adaptación al Tratado de la Unión Europea firmado en Maastricht en 1992.

Con esta u otras reformas aconsejables por el paso del tiempo la Constitución goza de plena salud y no existe la menor señal de que provoque rechazo popular ni resistencia de las instituciones democráticas, cuyos miembros la acatan y prometen –leal o deslealmente- sin otras contradicciones que algunas extravagancias verbales de representantes de minorías. Cabría entonces preguntarse ¿Por qué este aniversario con su celebración oscurecida por las amenazas de una pandemia universal, está contaminada por dudas sobre la estabilidad del sistema? La alarma está servida por la intrusión en el mecanismo del Estado de minorías que llevan en su afán la ruptura de la unidad nacional o la fractura ideológica de los españoles a cambio de prorrogar a corto plazo la estancia en el poder de un gobernante simplemente personalista. Las condiciones que permiten establecer una aritmética parlamentaria distante de la voluntad popular son vergonzosamente aceptadas más allá de las conveniencias de reforma política, llegando hasta la locura de atacar al idioma básico de los españoles y del mundo hispanoparlante con tal de destruir los fundamentos de entendimiento común de nuestros pueblos.

Lo dramático es que esta pesadilla es la repetición, en 2020, de aquella que las izquierdas ciegas iniciaron en diciembre de 1935. Minar la arquitectura del Estado democrático, aunque fuese republicano, para complacer todas las pasiones ácratas y todos los intereses de disgregación solo capaces de coincidir en tareas de demolición y derribo. Da la impresión que gran parte de los españoles no son conscientes de lo que esto significa. De cómo la justicia mediatizada, el parlamento jibarizado y los órganos funcionariales amordazados están a punto de convertir el proyecto de vida en común que era una nación, según Ortega y Gasset, en una península balcanizada. La amenaza no viene de un enemigo exterior sino de las cesiones interiores, inconscientes unas de la responsabilidad de su traición y otras de la torpeza de sus desvaríos.

El riesgo no está provocado por necesidades de actualización o reforma de la Constitución sino por el empeño de demolerla y sustituirla en una disparatada regresión histórica para replantearse la vida española en los términos fracasados que provocaron el paso de diciembre de 1935 al verano de 1936. Renunciar a casi un siglo de reencuentro del pueblo español consigo mismo para retroceder a un clima fratricida dilapidando el espíritu de concordia que hizo posible el éxito de la Transición española. Hay que suponer que la capacidad de resistencia de la sociedad española sea suficiente para impedir el asalto de comunismo y separatismo al castillo constitucional. A pesar de las serias señales de alarma, hay que pensar, en este diciembre de 2020, como ese deportista ejemplar que es Rafa Nadal cuando afirma: “España saldrá adelante, como siempre ha hecho”.

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