El ministro de Transportes y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, en quien recaen las competencias referidas a los alquileres, desahucios y demás asuntos relacionados, ha presentado este martes, tras el Consejo de Ministros, el acuerdo para aprobar, al fin, el conocido como decreto antidesahucios.
Ábalos ha querido recalcar que es una "medida excepcional" y temporal, mientras dure el estado de alarma por la pandemia de coronavirus, que tiene planificado finalizar el 9 de mayo de 2021.
Beneficiará a las familias y personas consideradas "vulnerables" por parte de los servicios sociales, que deberán acreditar esta condición para favorecerse de la vigencia del decreto.
Con esta protección social, además de evitarse los desahucios, también se impiden los cortes de suministros básicos como el agua, la luz o el gas, mientras dure la crisis y el estado de alarma.
La excepción más clara y relevante son las familias que okupan viviendas vacías de manera ilegal.
Historia de una pugna interna en el Gobierno
Finalmente los socios de Gobierno de coalición del PSOE, Unidas Podemos, se ha salido con la suya y el Consejo de Ministros aprobó este martes, por tanto antes de acabar el año, el decreto antidesahucios.
Ha sido una carrera en los últimos meses con muchas tensiones internas y diferencias entre los 2 partidos que integran el Ejecutivo, pero las presiones de los de Pablo Iglesias han surtido efecto.
Compensaciones a los propietarios
El PSOE sí se ha impuesto en la parte referente a las controvertidas compensaciones económicas a los propietarios de las viviendas, algo que incomodaba a Unidas Podemos. Estas compensaciones se harán también a los propietarios aunque sean grandes empresas o bancos, lo que molestaba más si cabe a los socios de izquierda.
Sólo recibirán esas compensaciones por parte del Estado, eso sí, si llevan 3 meses sin cobrar las rentas de los inquilinos. A estos inquilinos se les buscará una "alternativa habitacional" para evitar el desahucio sin más, quedándose en la calle.
El objetivo principal del decreto es ayudar tanto a inquilinos que no pueden pagar sus rentas como a pequeños propietarios que necesitan estos cobros para su economía.
En el caso de grandes propietarios, que hacen negocio con los alquileres, sólo entrarán en los casos supuestos cuando los inquilinos sean personas vulnerables, personas con discapacidad, personas dependientes, víctimas de violencia de genero o con un dependiente o menor de edad a su cargo, explica la 'SER'.
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