La democracia presente

El artículo del exdirector del diario El País, Antonio Caño, titulado “La España ausente” (El País, 10/2/21) ha provocado bastante atención en medios políticos y periodísticos. Su argumento consiste en mostrar que la causa de la irrelevancia de España en el escenario internacional procede del hecho de que no existe en el país un proyecto nacional capaz de aglutinar a la sociedad, dado que, dicho en breve, la política exterior es, en el fondo, una proyección de la política interna.

Puede ser válida la critica que hacen algunos de que ciertos extremos del artículo de Caño son un poco exagerados, sobre todo porque anticipan lo que puede suceder, pero todavía no se ha hecho realidad. Ahora bien, en términos direccionales el escrito me parece impecable. En efecto, la España ausente por irrelevante será una pronta realidad si no somos capaces de evitarlo.

El diagnóstico que hace Caño de la progresiva pérdida de importancia de nuestro país en el contexto mundial durante los últimos años resulta difícilmente objetable. En Europa, América (del Norte y del Sur) y el resto del mundo, el peso de España ha disminuido. Y el veterano miembro de la sección internacional del diario El País sabe de qué está hablando. Puedo dar testimonio directo de ello, porque hemos coincidido con alguna frecuencia en momentos y lugares relevantes en torno a estos menesteres.

Me parece más decisivo el otro extremo de su planteamiento: la debilidad del proyecto interno de España, como causa de su fragilidad exterior. Caño señala dos síntomas de esa debilidad interna. El primero refiere a la deslealtad para con España desde el propio Gobierno; dice Caño: “tan frecuentes se han hecho los comentarios de miembros del Gobierno contra nuestra democracia y nuestras instituciones, contra los jueces, contra la Corona, contra las fuerzas del orden, contra los medios de comunicación, que causa asombro y admiración cuando un ministro de España cumple con su deber elemental de defender a España”. El segundo síntoma refiere a la cultura política del conjunto de las fuerzas políticas y aún de la ciudadanía: “España dispone de argumentos de sobra con los que reclamar el respeto internacional, el principal de los cuales sigue siendo el de la ejemplaridad de una democracia generosa incluso con quienes día a día tratan de destruirla. Pero, desafortunadamente, no existe motivación política suficiente para destacar esos méritos. La polarización y el sectarismo se han demostrado mucho más rentables. Los nacionalistas y los populistas han sabido explotar esa debilidad para dejar a España fútil e inerme”.

Análisis contundente. En realidad, cuando Caño habla de que no hay “motivación política suficiente”, está aludiendo a la cuestión central: una democracia sin demócratas convencidos y dispuestos a defenderla está condenada irremisiblemente al fracaso. Pero tiene razón; para que ello pudiera manifestarse sería necesario superar la polarización y el sectarismo que mueve a las fuerzas políticas, apoyadas por la tradicional cultura política de banderías que sigue imperando en la ciudadanía española.

En todo caso, conviene aclarar los parámetros objetivos que se usan para calificar la democracia española. Veamos en primer lugar los de las entidades internacionales que colocan a España entre las 23 democracias plenas del mundo. Tanto el ranking de The Economist, como los de corte similar (Freedom Hausse, Democracy Index, Idea International) tienden a privilegiar los factores estructurales: arquitectura institucional, Gobierno electo mediante elecciones libres y pluralistas, imperio del derecho, separación de poderes, etc. También examinan los desarrollos funcionales, pero con menos énfasis.

Pareciera pues que, en su cuestionamiento de la normalidad democrática de España, Pablo Iglesias se refiere más bien a los factores de carácter funcional. Resulta difícil poner en duda la existencia en España de los elementos constitutivos de una democracia. Pero ¿están funcionando bien?, pareciera preguntarse el líder de Podemos. Y pone algunos ejemplos ilustrativos: corrupción de los grandes partidos, comportamiento indecoroso del Rey emérito, encarcelamiento de líderes secesionistas, etc.

Como es sabido, ningún país europeo está libre de problemas similares: la corrupción en el Reino Unido ni siquiera se considera como tal; varios jefes de Estado han tenido que dimitir en Alemania y los países nórdicos; el secesionismo es mucho más duramente castigado en los grandes países del continente. De hecho, ninguno de los rankings internacionales habla de democracia sin problemas: incluso algunos distinguen las democracias con pocos problemas y las democracias con muchos problemas. La cuestión no reside, por tanto, en aceptar que existen problemas sino en comprobar si la democracia constituida los encara con solvencia.

Ahora bien, en ese marco hay que destacar una anormalidad que efectivamente no tiene lugar en otros países europeos: la puesta en cuestión del sistema político constitucional desde el propio Gobierno. Puede afirmarse que, salvo el caso de SYRIZA en Grecia, eso no se ha producido en ningún otro país europeo. De hecho, resulta impensable imaginar en cualquiera de los países más relevantes una coalición similar a la que hoy existe en España con un partido radical. Eso agrega un estrés institucional al sistema político que entorpece su normal funcionamiento. En pocas palabras, como han afirmado muchos observadores, Iglesias tiene razón, existe una enorme anormalidad en la democracia española: la presencia de un partido contrario al orden constitucional en el propio Gobierno.

Como afirma el manifiesto “Cesar la infamia”, lo lógico y normal sería que quien pone en duda el sistema democrático español, desde el mismo Gobierno, tuviera la decencia de dimitir para poder hacerlo con honestidad o bien fuera cesado por quien lo nombró. De lo contrario, su actitud es infame; también la del Presidente de Gobierno que lo permite. Por eso, entre otras razones, me he adherido al manifiesto, que encabezan los exdirigentes del PSOE Nicolas Redondo y Joaquín Leguina, al que se han sumado más de 200 intelectuales y miembros veteranos del partido socialista. Resulta urgente superar la principal anormalidad de la democracia española.