En su declaración ante el juez del 'caso Púnica', el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, aseveró que la ex presidenta del PP de Madrid Esperanza Aguirre recibió un sobre con 60.000 euros para sufragar los gastos de su campaña electoral en 2007, procedentes de empresarios.
Bárcenas lo declaró como testigo al juez Manuel García Castellón, que instruye la investigación de la conocida como 'trama Púnica', relacionada con la financiación irregular del PP madrileño.
Ante el revuelo originado, Aguirre se ha defendido a través de las redes sociales y amenaza con acciones legales por estas declaraciones. Para empezar, recuerda que las declaraciones de Bárcenas en la Audiencia Nacional han sido realizadas "sin prueba documental alguna".
Afirmaciones "rotundamente falsas"
La ex política denuncia que las afirmaciones son "rotundamente falsas" y que "se han realizado en sede judicial sin ninguna prueba que las respalde". Por eso, niega categóricamente los hechos: "Nunca, jamás, en ningún momento, recibí entrega de dinero alguna por parte del Sr. Bárcenas ni del Sr. Lapuerta".
Por eso, añade que la acusación es "una rotunda mentira y sólo tiene su explicación en el ofrecimiento hecho por el señor Bárcenas, en su escrito a la fiscalía, con el evidente propósito de mejorar la situación penitenciaria de su esposa [Rosalía Iglesias] en los mismos términos que ha sido beneficiada doña Isabel Jordán, condenada a mas de 20 años y hoy en libertad gracias a la actuación del mismo abogado que, desde hace sólo unas semanas, defiende al señor Bárcenas y a su esposa e impulsa esta estrategia procesal".
Además, terminó su mensaje anuncaindo "la interposición de una querella criminal contra el señor Bárcenas por falso testimonio".
El juez García Castellón citó a Bárcenas como testigo después del escrito que el ex tesorero envió a la Fiscalía Anticorrupción, en el que se comprometía a colaborar con la Justicia en las causas relacionadas con la corrupción del partido, y confirmó que en 1982 se instauró la llamada 'caja B' con donaciones que en algunos casos tenían carácter finalista, es decir, que se hacían a cambio de adjudicaciones de contratos públicos de administraciones gobernadas por los 'populares'.
En 2017, un informe de la Guardia Civil estimó que el PP había utilizado al menos 2,5 millones de euros de dinero negro para financiar las campañas electorales autonómicas en 2007 y 2011, así como a las generales de 2008.
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