La apuesta solidaria de la Unión Europea en peligro

El pasado viernes 26 de marzo, el Tribunal Constitucional de Alemania ha ordenado al Presidente, Frank-Walter Steinmeier, que no sancionase la ratificación parlamentaria de la nueva decisión de recursos propios por la que la Comisión Europea puede acceder a los mercados internacionales, para buscar financiación.

Ello se producía tras haberse celebrado un bronco debate parlamentario en el Bundestag y en el Bundesrat, donde el grupo político de la extrema derecha, Alternativa por Alemania, había criticado muy duramente la decisión del Consejo Europeo de 14 de diciembre de 2020 sobre el nuevo sistema de recursos propios, alegando que ello suponía una invasión de competencias nacionales.

El Tribunal Constitucional alemán vino a exigir, al poco de haberse votado favorablemente en ambas cámaras parlamentarias donde cuentan con mayoría de partidos europeístas, que Alemania no firmase la Decisión hasta valorarse sobre el fondo los recursos que han sido presentados por diversos demandantes, entre ellos antiguos líderes de Alternativa por Alemania, opuestos a cualquier fórmula federalizadora de Europa.

Quedan aún 14 parlamentos nacionales por ratificar la decisión europea y es probable que el alto Tribunal alemán emita su parecer en unas pocas semanas. Si el dictamen resultase negativo, sin duda, se produciría una nueva crisis en la Unión Europea. Los tribunales nacionales deberían inhibirse ante este tipo de demandas, por tratarse de Derecho de la Unión y dirigir a los demandantes al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El TJUE es la más alta instancia jurisdiccional sobre la que cabe interpretar si hay o no violación del principio de subsidiariedad o si se está violando los Tratados por parte de una institución europea, como es el Consejo Europeo.

En este intento de frenar la solidez de la solidaridad europea, las formas se han refinado. Nos encontramos con una nueva modalidad de paralizar la actuación de la Unión Europea por la vía judicial, antes que por la vía política. Aquella vía política es la que utilizó la Francia del General de Gaulle en la crisis de la silla vacía de 1965. En los años 60 quien quería evitar el mayor incremento de recursos propios en manos de la Comisión podía sabotear las instituciones políticas y fue entonces cuando el General de Gaulle, quien optaba por paralizar el programa previsto por la Comisión Hallstein de incrementar los recursos propios de las Comunidades. El país se ausentó de las reuniones del Consejo desde julio de 1965 a enero de 1966, deteniendo por completo el normal funcionamiento de las Comunidades, hasta que se alcanzó el Compromiso de Luxemburgo.

Con la nueva revisión que realiza ahora el Tribunal de Karlsruhe podrá evaluar hasta qué punto es conforme con su derecho nacional y en caso de no serlo, impedir su aplicación lo que supondría detener judicialmente, una decisión de índole política adoptada a nivel europeo y llamada a favorecer la llegada de más recursos propios al presupuesto europeo.

El programa planificado permite obtener 750.000 millones de euros en una deuda conjunta con la que se invertirá, en el conjunto de los Estados de la Unión, en los próximos dos años. Se trata a todos los efectos de una cifra comparable a las 3/4 partes de los anteriores presupuestos comunitarios que venía gastando la Unión Europea durante un marco financiero plurianual de siete años. Esta cifra extraordinaria, aprobada por los líderes europeos y articulada, para paliar los efectos negativos de la crisis del Coronavirus, busca legítimamente recuperar el crecimiento, mediante una acelerada inversión en el conjunto de las economías de los Estados miembros.

La Unión Europea, que opera bajo el principio de atribución de competencias, contaba con una base jurídica para modificar sustancialmente la norma por la que se rige los recursos propios y bajo el artículo 122 del Tratado de Funcionamiento, epígrafe 2: “En caso de dificultades o en caso de serio riesgo de dificultades graves en un Estado miembro, ocasionadas por catástrofes naturales o acontecimientos excepcionales que dicho Estado no pudiere controlar, el Consejo, a propuesta de la Comisión, podrá acordar, en determinadas condiciones, una ayuda financiera de la Unión al Estado miembro en cuestión. El Presidente del Consejo informará al Parlamento Europeo acerca de la decisión tomada”.

Luego, la nueva formulación que ha admitido emisiones limitadas de deuda en el tiempo y que se refinanciarían, mientras estuviese en vigor el fondo, no debería entrar a ser valorado por un Tribunal nacional, pues a la vista está de que cumple con las normas de la Unión. En estos momentos, resulta obligado recordar al Canciller artífice de la reunificación alemana, Helmut Kohl, del que Felipe González, destacado valedor de la reunificación alemana, señaló que luchó por una Alemania europea y nunca más una Europa alemana.

Tenemos la obligación moral de pedir a Alemania que no bloquee la puesta en marcha del plan de recuperación europeo, de la misma manera que Europa actuó con generosidad y no fue un obstáculo para que la República Federal y la República Democrática alemana volvieran a ser un gran país. Los hubo quienes temieron esa reunificación porque marcarían excesivamente con su peso el destino del continente y aunque no les faltó razón, hoy debe prevalecer el sentido de la responsabilidad y la solidaridad porque es la Unión Europea, en general, y España, en particular, la que necesita ayuda.

Hasta la fecha, 13 de los 27 Estados de la Unión Europea han ratificado el acuerdo y se espera que los restantes Estados sean capaces de estar a la altura de las circunstancias que vivimos, en las que no podemos retardar ni por un minuto, la puesta en marcha del programa de rescate de Europa a los Estados afectados por la pandemia. Nos estamos jugando la supervivencia de la Europa unida.