Otro misterio resuelto tras los movimientos en el Gobierno por la salida del hasta ahora vicepresidente segundo, Pablo Iglesias.
Como se sabía, su puesto de vicepresidente lo ocupará ahora la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y las competencias ministeriales de Derechos Sociales y Agenda 2030 serán ahora para Ione Belarra, de Unidas Podemos, que será nueva ministra cuando Pedro Sánchez la nombre.
Belarra, que era la secretaria de Estado para la Agenda 2030, dejará este segundo puesto en el escalafón ministerial a Enrique Santiago, líder del Partido Comunista, según se conoció a última hora del lunes.
Será el último movimiento fruto de la salida de Iglesias y Sánchez pone fin así a la crisis de gobierno porque no hará más cambios, salvo sorpresa absoluta, que nadie espera.
Santiago es actualmente el secretario general del Partido Comunista de España (PCE), dirigente de Izquierda Unida (IU) y diputado en el Congreso.
Aunque es un hombre teóricamente más cercano a Alberto Garzón, líder de IU y ministro de Consumo, se le considera una persona con una excelente y estrecha relación con Iglesias e Irene Montero. En todo caso, supone otro punto para IU, que tendrá un nuevo alto cargo gubernamental.
Perfil polémico de Enrique Santiago
En octubre del pasado año, durante la intervención de Santiago Abascal, presidente de Vox, en la moción de censura contra Sánchez, sorprendía la dureza con la que cargó contra el diputado Enrique Santiago.
Santiag, abogado, fue acusado por Abascal de haber apoyado a las FARC colombianas y ser colaborador de "narcoterroristas".
Es verdad un dato: en 2012 fue seleccionado por las FARC como asesor jurídico. Pero tiene su contexto: esto tuvo lugar cuando se iniciaron las negociaciones de paz en Colombia y la guerrilla solicitó a organizaciones humanitarias perfiles de algunos asesores internacionales.
Santiago fue uno de los elegidos porque estaba vinculado a la organización “Colombianos y colombianas por la paz” y la abogada, activista y política colombiana Piedad Córdoba propuso su nombre.
Como parte del equipo jurídico de las FARC, Santiago elaboró la propuesta de nuevo sistema de justicia para el acuerdo de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), firmado en 2015.
Dicho de otra manera: colaboró con el proceso de paz, no con la actividad narcoterrorista de las FARC, sobradamente comprobada, por otra parte.
Santaigo es miembro del Foro de Abogados/as de Izquierdas, de la Red de Abogados/as demócratas (FAI-RADE), asociación de la que fue Presidente hasta 2018. También es integrante del Bureau de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, desde 2013.
Fue aceptado como asesor en el proceso que comandó el por entonces gobierno colombiano de Juan Manuel Santos, premio nobel de la Paz.
Santiago, desde la década de 1990, ha participado como abogado de la acusación en diversas causas: sobre la dictadura militar en Argentina, en el Caso Scilingo; formó parte de la acusación popular contra el dictador chileno Augusto Pinochet; y en España en el caso de los Vuelos de la CIA; en el de José Couso; y en el caso Bárcenas.
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