Madrid apuesta por mantener el toque de queda después del 9 de mayo

La presidenta en funciones de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha señalado en una entrevista en 'Al Rojo Vivo' que quiere mantener algunas restricciones cuando finalice el Estado de alarma el próximo día 9 de mayo. La popular apuesta por seguir con el toque de queda entre las 23 y las 6 horas, mantener los aforos actuales y prohibir las reuniones en domicilios entre no convivientes.

Las restricciones a las que ha hecho referencia la candidata del PP en las próximas elecciones madrileñas del 4-M afectan a varios derechos fundamentales, por lo que su vigencia tras el fin del estado de alarma no es tan fácil. De hecho, la propia Ayuso ha indicado que pedirá amparo a la justicia para poder seguir manteniendo dichas medidas para hacer frente a la pandemia, aunque desde la oposición ya le han señalado que "no se puede".

No se puede, @IdiazAyuso. https://t.co/chIvcXNDvi

— Edmundo Bal (@BalEdmundo) April 20, 2021

Dice 'no' al cierre de la hostelería

En lo que sigue firme, es en no decretar el cierre de la hostelería o la actividad comercial (como sí han estimado otras comunidades para controlar la expansión del coronavirus) porque, según ella "no paraliza el virus" y es partidaria de "que conviva todo".

Ha insistido en la necesidad de que la actividad económica siga en funcionamiento y lo ha centrado sobre todo en la hostelería. Para Ayuso este sector "no solo son las copas" y ha explicado que detrás hay proveedores, transportistas, taxistas y otros comercios que se nutren del buen funcionamiento de este sector.

Pero cuando llegue el 9 de mayo y se ponga fin al actual Estado de alarma, las pretensiones de Ayuso y otros presidentes autonómicos con la idea de seguir con las restricciones que afecten a los derechos fundamentales deberán pasar por los tribunales de cada región, por lo que puede ocurrir que en algunos lugares se permitan unas medidas y en otros no. Una situación que ya se vivió el pasado verano, momento en el que no había Estado de alarma y los jueces de cada comunidad validaban las normas decretadas por cada región. La herramienta con la que contarán todas las comunidades a partir del 9 de mayo es la Ley de Salud Pública (1986), que habilita a las distintas administraciones públicas a decretar medidas especiales por razones sanitarias de urgencia o necesidad.