El Gobierno y el PSOE se suman a Unidas Podemos y Más Madrid en las denuncias contra Vox por el cartel electoral que manipula datos y señala a los menores extranjeros no acompañados (menas). Las ministras de Igualdad y Derechos Sociales, Irene Montero e Ione Belarra, han confirmado que han trasladado a la Fiscalía esta campaña de la formación de extrema derecha, al entender que puede constituir un delito de odio, mientras que el PSOE ha denunciado a Vox ante los juzgados de instrucción de Madrid.
La imagen del cartel electoral de Vox se convirtió en viral en las redes sociales, donde se desató una oleada de críticas a la formación de Santiago Abascal. En él, se compara el coste mensual de los menores extranjeros no acompañados, ( "Un mena 4.700 euros al mes"), con la pensión que reciben los mayores, ("Tu abuela 426 euros de pensión/mes").
A la condena de las redes sociales se ha sumado la de la clase política, que de manera unánime ha rechazado la campaña de Vox. Después de que Más Madrid y Unidas Podemos anunciasen acciones contra la formación de extrema derecha, ante la Fiscalía y la Junta Electoral, el PSOE ha presentado una denuncia ante los Juzgados de Instrucción de la capital. Y también el Gobierno, a través de los Ministerios de Igualdad y Derechos Sociales, ha puesto estos hechos en conocimiento de la Fiscalía, que ya lo investiga.
Ya en el pleno del Congreso, la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha abroncado duramente a Vox. "Lo suyo es el odio, literalmente el odio; lo que han hecho ustedes con esos carteles señalando a unos niños y niñas, menores, que llegan en situaciones terribles, sin familia, habiendo sido objeto de delitos gravísimos en los tránsitos que hacen, se llama inhumanidad, odio".
"Ustedes no deberían caber en la política de este país. Los derechos de esos niños no tienen discurso contable y económico, tienen el discurso del dolor y el desamparo. Y si usted no lo ve, lo tendría que pensar, porque ahí fuera la inmensa mayoría de nuestros compatriotas, son hombres y mujeres con compasión, con solidaridad, con capacidad de entender los problemas del ser humano en el siglo XXI, siendo la potencia económica del mundo que somos y una gran democracia europea. Les debería de dar mucha vergüenza de lo que están instalando en la política de nuestro país", ha aseverado Calvo.
La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha afirmado que "tenemos la obligación como Gobierno de promover todas las acciones posibles para proteger la dignidad de todas las personas frente a los discursos xenófobos y racistas que fomentan el odio y vulneran los derechos humanos". Y en la misma línea, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha defendido que "los derechos de la infancia son consensos que costó construir y que representan lo mejor de nuestra historia democrática".
"Ponemos en manos de la Fiscalía la difusión de publicidad que incita al odio en el transporte público", ha confirmado Belarra.
Y el PSOE ha denunciado a Vox los Juzgados de Instrucción de Madrid por el cartel publicitario "colocado en el Metro de Madrid con claros mensajes de odio y racismo, y cuya difusión se ha producido también a través de su web, programa electoral y las redes sociales de la formación, tanto a nivel nacional como autonómico".
Los socialistas también han trasladado estos hechos a la Junta Electoral de Madrid, para que como garante del legal desarrollo del proceso electoral, acuerde de forma inmediata su retirada del metro de Madrid, por vulneración del art. 50.4 de la LOREG, al tratarse de una campaña que contiene "expresiones e imágenes xenófobas y racistas".
"Entendemos que con su campaña VOX podría haber incurrido en un delito de odio previsto en el art. 510 del Código Penal. También consideramos probable la comisión de un delito electoral previsto en el art. 144 de la LOREG, sobre la infracción de las normas legales en materia de carteles electorales. La actuación objeto de denuncia creemos que puede tipificarse como un delito de odio, en relación con un colectivo especialmente vulnerable, los menores extranjeros no acompañados, cuya tutela corresponde a las administraciones al hallarse desamparados", han manifestado desde Ferraz, antes de concluir que "entendemos que Vox está sobrepasando los límites de legalidad democrática; es necesario que los Tribunales se pronuncien sobre estas actitudes y les pongan fin".
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