El Consejo de Ministros ha aprobado el Anteproyecto de ley para frenar el exceso de beneficios de las hidráulicas y nucleares con el fin de abaratar la factura eléctrica de los consumidores domésticos e industriales. En concreto, se plantea un recorte de 1.000 millones, con el que se espera reducir un 4-5% la factura de la luz a largo plazo.
El Gobierno ha aprobado 2 medidas para abaratar la factura eléctrica, que se implantarán de manera progresiva en los próximos 5 años con el fin de lograr un sistema energético bien remunerado, sostenible y rentable.
La vicepresidenta cuarta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha avanzado que el impacto acumulado de las dos medidas presentadas este martes, supondrá una reducción del 15% de la factura de los consumidores domésticos e industriales.
El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes del Proyecto de Ley por el que se crea el Fondo Nacional para la Sostenibilidad del Sistema Eléctrico (FNSSE) con el fin de impulsar la electrificación de la economía, asegurar la sostenibilidad del sistema eléctrico, aportar certidumbre a las inversiones y conseguir reducir la factura para hogares y empresas.
Este fondo permitirá financiar y redistribuir los costes fijos de fomento de las energías renovables, cogeneración de alta eficiencia y valorización energética de los residuos, un coste que ahora está solo asociado al sector eléctrico.
Ribera ha afirmado que el Ejecutivo quiere que "todos los vectores energéticos, incluidos gas y petróleo, contribuyan al despegue histórico de las energías renovables y al apoyo de la cogeneración" en función del volumen de energía que vendan al mercado de manera ordenada. Con este objetivo, ha añadido, la norma incluye exenciones para los consumidores que puedan tener más complicada la adaptación: gasóleo agrícola, gasóleo profesional y gas en sectores industriales expuestos a la competencia internacional.
Beneficios a los consumidores
La ministra ha indicado que con estas medidas se acelerarán los beneficios a los consumidores, impulsando el autoconsumo y los techos solares, la eficiencia de la industria, el sector residencial y el institucional, el almacenamiento y las pequeñas instalaciones industriales.
El Gobierno también ha analizado el anteproyecto de ley para corregir el dividendo que reciben las centrales no emisoras como consecuencia de los costes del CO2 en el mercado de derechos de emisión y actuar así sobre el elevado precio de la factura eléctrica de las últimas semanas, derivado de la alta cotización de los derechos de emisión el mercado comunitario.
La norma establece un recorte de 1.000 millones de euros de la retribución de las centrales no emisoras puestas en funcionamiento antes de 2005, cuando entró en vigor el sistema de comercio de derechos de emisión. El objetivo de la propuesta es que una parte del dividendo de carbono pueda beneficiar a todos los consumidores reduciendo el coste de la transición energética.
La vicepresidenta cuarta ha explicado que la iniciativa facilita el acceso de los consumidores al dividendo de carbono que hoy es retribuido íntegramente a las compañías eléctricas. El Gobierno estima que la medida provocará un descenso del precio de la factura eléctrica próximo al 4,8% para los consumidores domésticos y de un 1,5% para la gran industria.
Ribera ha añadido que tanto los inversores anteriores a 2005 como los posteriores "saben que tienen un margen de crecimiento importante en un sistema estable y solvente", que ofrece cobertura a los consumidores, genera una reducción de sus facturas y contribuye a que la planta de energías renovables crezca en más de 600 gigas nuevos desde ahora hasta 2030.
La iniciativa mantiene todas las vías abiertas para que cualquiera pueda producir y vender electricidad en España, acudiendo al mercado eléctrico, a la contratación bilateral o a los sistemas de subasta.
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