Cada día está más claro que Isabel Díaz Ayuso es un verso suelto en política en general y en el PP, más en concreto. La presidenta madrileña va por libre, fiel a su eslogan de campaña, y ayer, antes de la participación en la protesta de la Plaza de Colón contra los indultos a los presos independentistas catalanes, realizó un discurso muy polémico.
Ayuso presionó al Rey por los indultos, haciendo esa pregunta retórica que resonó en la cabeza de medio país: "¿Qué va a hacer el Rey de España a partir de ahora? ¿Va a firmar esos indultos? ¿Le van a hacer cómplice de eso?".
Pablo Casado ya intentó dejar ese debate fuera de la pugna contra el Gobierno por este asunto, ya que la institución monárquica siempre queda fuera de las guerras políticas e ideológicas.
Un pacto constitucional que puso en alerta Ayuso con su desafió al aire. Unas palabras que harán mucho daño en Génova este lunes al comenzar un debate interno sobre si endurecer más la línea de oposición, acercándose a Vox, o si continuar con la senda moderada que quiere imponer Casado para reconquistar el centro-derecha.
No se quiso decir eso
Varios medios, como la 'SER', explican que desde el entorno de Ayuso quitan importancia a estas palabras, insistiendo en que era una mera pregunta retórica, y que intentaba denunciar cómo el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos compromete al monarca en un asunto tan delicado.
Sin embargo, esta idea no se corresponde a su mensaje en redes sociales, donde escribió: "Por la unidad de España, la Constitución, la soberanía de todos los españoles y el papel de la Justicia, del Rey y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad".
Se apunta a que desde Génova ya se había impuesto el criterio de dejar fuera de esta pugna al Rey Felipe VI y la institución que representa, y ahora todo se ha ido al traste. Se espera que sectores más extremistas de la derecha, como la de Vox, vayan ahora por esta línea y una parte de la ciudadanía pida al monarca que se niegue a firmar los decretos.
Una figura que no existe dentro de nuestro marco constitucional: la jefatura del Estado representa un papel simbólico y a la hora de sancionar leyes o firmar un indulto aprobado por el Ejecutivo, debe limitarse a hacerlo sin discutir, ya que no tiene esa facultad. Toda acción que contraviniese ese precepto se podría interpretar como una grave crisis institucional a nivel nacional.
El rey reina, pero no gobierna. Bajo esa directriz se rige nuestra monarquía parlamentaria, y poner en duda ese principio básico haría tambalear ahora un Estado con fuertes terremotos políticos internos.
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