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Marketing político y razones de Estado

martes 22 de junio de 2021, 08:17h

En España llevamos más de un año asistiendo al poco reconfortante espectáculo de que la cosa pública se ha convertido en mucho más que en la necesaria toma de medidas en favor del bien común.

Gobernar debiera ser eso justamente, la obligación, el deber público del poder ejecutivo de buscar el bien común de la ciudadanía, circunstancia que debe de estar muy por encima de primar las constantes campañas de marketing político para glosar ante el ciudadano la figura del presidente del gobierno, a la sazón Pedro Sánchez, o de los teóricos logros de sus políticas aplicadas, y la rehuida constante de asumir las medidas drásticas e impopulares que también hay que tomar por simples y dolorosas necesidades de estado.

La sensación personal que nos invade a muchos ciudadanos a la hora de examinar el devenir de los últimos meses del gobierno actual es justamente la contraria, es decir, que sistemática y premeditadamente se sobreexpone al presidente para anunciar a bombo y platillo cualquier noticia positiva y se le oculta o se le manda al exterior para callar los reveses que ha ido produciendo la pandemia en estos larguísimos meses. En esto, sin duda, mucho tiene que ver la mano de Iván Redondo, ese hombre de la Moncloa cada vez menos escondido en la sombra, al que muchos consideran la figura equivalente a un redivivo valido de algunos borbones españoles de hace dos o más siglos.

Sin ánimo de exhaustividad, parémonos a analizar someramente algunas cuestiones recientes para ver si ciertas actuaciones pueden o no enmarcarse en esta sencilla pero clarificadora división que planteamos. Por ejemplo, esa cacareada e imaginativa neofórmula de la “cogobernanza” con las autonomías para la gestión de la pandemia se ha convertido de facto en un arma que se utiliza a beneficio propio. Cuando se implantó el toque de queda, el presidente del gobierno traspasó a las autonomías la patata caliente de las necesarias y arriesgadas medidas restrictivas que había que tomar con el único fin de protegerse y evitar el desgaste político. Ahora que, gracias a la gestión centralizada de compras por parte de la Unión Europea, va vacunándose a buena velocidad a la población española, Sánchez pretende atribuirse para sí y el gobierno que preside el rédito político de la vacunación en detrimento de las 17 autonomías, que son quienes de verdad han resuelto el complejo galimatías de la logística y la contratación de sanitarios para la mejor y más rápida administración de las vacunas a los ciudadanos.

Más a más –como diría un amigo catalán-, a través del ministerio de Sanidad, antes con Salvador Illa y ahora con Carolina Darias, se intentan imponer esas actuaciones coordinadas dirigidas a restringir aforos en el ocio y la hostelería, que alguna autonomía de las más afectadas (Madrid sin ir más lejos), ha denunciado ante los tribunales y estos le han dado la razón. Actuaciones como esta no conducen más que a generar mayor confusión, desconfianza y recelos, y no solo entre las empresas directamente concernidas sino también entre los ciudadanos y, yendo más allá, hasta entre los gobiernos que, como el británico, han puesto trabas a sus ciudadanos para visitar España, más por este caos normativo que por verdaderas razones sanitarias ya que la tasa de incidencia está en límites más que asumibles en estos momentos.

Otro asunto: Hasta siete u ocho veces se ha anunciado en 2020 y lo que llevamos de 2021 la llegada de los fondos de rescate europeos para intentar poner una venda a nuestra maltrecha economía, cuando en realidad no se han aprobado hasta la semana pasada que, por supuesto, han vuelto a anunciarse desde la presidencia del gobierno con salvas de honor.

Esta misma semana, y después de más de un mes calentando motores y previniendo a la opinión pública, va a darse cauce inmediato a los indultos a los políticos catalanes presos tras el juicio por el procés. Y, como se trata de una medida impopular –algunas encuestas cifran en más del 60 % la población española que los rechaza-, que puede tener también claras consecuencias electorales de futuro, se compensa esa medida con el anuncio de una bajada sustancial del IVA de la luz , y, además, de que antes de fin de mes ya podremos quitarnos las mascarillas cuando estemos al aire libre y sin gente alrededor.

Sánchez delega en las autonomías cuando le viene en gana para no desgastarse, y las interviene de facto cuando le conviene. ¿No habíamos quedado en que, a través de eso que se ha llamado “cogobernanza”, se decidiría en ese comité de salud integrado por el ministerio de Sanidad y las diversas consejerías del ramo todas estas decisiones? Pues no. Si hay algo positivo que anunciar, Sánchez se adelanta y, sin rubor alguno, aplica aquello de “donde dije digo, digo Diego”.

Esta última, sin duda, es una decisión que tiene muchísimo más de política que de sanitaria. Y se hace en un momento todavía lejano al ideal –mínimo, 50 % de la población vacunada, según la opinión de expertos y epidemiólogos-, para poder tomarla con ciertas garantías de eficacia y de minimización de riesgos de nuevos rebrotes.

Podríamos extendernos mucho más en ejemplos de todo tipo y en todas las áreas de gobierno que, más adelante, iremos desgranando sin prisa, pero sin pausa. Por el momento basten estos para ilustrar la acción de un gobierno más pendiente de la imagen pública que de asumir la responsabilidad de gobernar, con todo lo que eso siempre lleva consigo.

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