Cuatro minutos de comparecencia pública bastaron a Pedro Sanchez, presidente del gobierno español, para exponer el martes pasado el acuerdo de indulto a los políticos presos catalanes tras un consejo de ministros que duró unas cuatro horas. Por supuesto -y recordando los infaustos primeros, oscuros y turbios tiempos del Covid-, sin dar a los periodistas oportunidad alguna de formularle preguntas incómodas, que para eso manda quien manda.
No, Sánchez no necesitó ni siquiera cinco minutos para presentar a la sociedad española ese acuerdo como una oportunidad que su gobierno había adoptado en pro de la concordia, en busca de la oportunidad de una negociación de un conflicto enquistado hace ya varios años. Y, profundizando en este neolenguaje sanchista de retórica vacía o, lo que aún es peor, encubridora de evidencias y verdades, presentó el indulto como una decisión del consejo de ministros en pro de la utilidad pública, la concordia y la convivencia.
La realidad, sin embargo, es muy distinta porque, si de verdad hubiera sido una decisión de país, no habría otorgado un indulto que, hoy por hoy, no quiere más de media España –muchos miembros de su propio partido incluidos-, y que, además, ha retorcido la legalidad hasta quebrarla y corregir ni más ni menos que al mismo Tribunal Supremo. Más parece, pues, una decisión orientada a su permanencia que a la convivencia.
Se ha dado un paso más para terminar con la separación de poderes del viejo Montesquieu, por un lado, y, por otro, a profundizar en el enfrentamiento de la sociedad catalana y española y, paralelamente, a envalentonar al nacionalismo catalán que, al día siguiente y durante una sesión de control al gobierno, uno de sus portavoces en Madrid, el diputado de ERC Gabriel Rufián, recordaba al presidente Sánchez que la decisión del indulto está más motivada por la necesidad que tiene de los votos de ERC que por cualquier otra razón. Argumento que hacían también evidente los líderes del procés indultados que, al unísono y nada más salir de la cárcel, no esperaban ni un minuto para pedir amnistía y referéndum. Los nacionalistas, como los niños, no tienen pelos en la lengua y lanzan las verdades al aire como piedras.
No creo que ni siquiera el gobierno se haya visto sorprendido por reacciones como estas que sólo los bienpensantes atribuyen a la necesidad de animar a los clientes internos del nacionalismo, y no a un verdadero y nuevo intento de ruptura del orden constitucional y del marco de convivencia que trajo consigo la Carta Magna de 1978.
Los nuevos tiempos parecen señalar más a aquellos ciudadanos que, simplemente, piden el cumplimiento de las leyes y las sentencias judiciales y el respeto al Estado de Derecho frente a aquellos otros que se las saltan, las incumplen y, lo que aún es mucho peor, siguen manteniéndose en esta misma senda después de obtener un indulto que ni siquiera han pedido pero que el gobierno español se ha empeñado en concederles. El mundo al revés.
Cientos de presos comunes, por el contrario, recurren también a una petición de indulto que, sin embargo, nunca llegan a conseguir. Como muestra un reciente botón: Sánchez sólo concedió 18 indultos -todos ellos, al contrario de lo sucedido en los 9 casos del procés, con informe favorable del tribunal sentenciador-, de un total de 1.664 tramitados en el último semestre de 2020. Es, cuando menos, una curiosa forma de entender el principio de igualdad en el ministerio de Justicia. Todos somos iguales ante la ley, sí, pero unos más iguales que otros.
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