En una resolución aprobada por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, los eurodiputados han señalado que la ley húngara contra la comunidad LGTBI supone "una violación manifiesta de los derechos fundamentales" recogidos en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE, los Tratados y la legislación sobre mercado interior.
Además, piden ante esta grave irregularidad, que Hungría no reciba los fondos europeos de ayuda para hacer frente a la crisis de la pandemia del coronavirus.
El PP español se abstuvo en esta votación, salvo en el caso de Esteban González Pons, que votó a favor. En contra se posicionaron los eurodiputados de Vox.
La Cámara hizo hincapié en que no era un caso aislado, sino que constituye "otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría", donde las campañas de desinformación y la LGBTI-fobia organizadas y promovidas por el Estado se han convertido en instrumentos para la censura política.
Recientes manifestaciones de este problema incluyen la modificación de la Constitución húngara para especificar que "la madre es una mujer y el padre es un hombre", y la prohibición de facto del reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales. En este contexto, los eurodiputados declaran su compromiso inquebrantable con la defensa de los derechos de los niños y recalcan que la tolerancia, la aceptación y la diversidad deben ser principios rectores a la hora de asegurar el respeto del interés superior de los menores.
Hacen falta medidas urgentes
Los eurodiputados apelan a la Comisión para que abra procedimientos de infracción y use todas las herramientas procesales disponibles ante el Tribunal de Justicia, como medidas cautelares y sanciones por incumplimiento, si resulta necesario.
También piden a los Estados miembros que lleven el caso ante el Tribunal si la Comisión no actúa, y plantean la presentación de una demanda inter-estatal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
La resolución apunta a varios elementos que justifican la aplicación del Reglamento sobre condicionalidad del presupuesto al respeto del Estado de derecho en Hungría y advierten de que el plan húngaro de recuperación podría no respetar la legislación comunitaria.
Contexto
El 15 de junio de 2021 el Parlamento húngaro adoptó casi por unanimidad (157 votos frente a uno) nuevas reglas que, con el argumento de combatir la pedofilia, restringen la libertad de expresión y los derechos de los menores mediante la prohibición de incluir contenido LGBTIQ en material educativo o en programas de televisión dirigidos a menores. La nueva norma entró en vigor el 8 de julio.
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