La pasada semana, después de hacerse pública la sentencia del Tribunal Constitucional (TC), sobre el primer estado de alarma decretado por Pedro Sánchez tras el reconocimiento oficial de la pandemia en marzo de 2020, casi el gobierno en pleno salió en tromba para criticarla. Ya se sabe, “la respetamos, pero no la compartimos” para, a renglón seguido, lanzar descalificaciones contra los seis miembros del alto tribunal que votaron a favor. Era la premisa necesaria lanzada por la ministra de Justicia y juez de carrera, Pilar Llop; por la ministra de Sanidad, Carolina Darias; el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños; la ministra de Defensa, Margarita Robles, también juez, como el ministro del Interior, Fernando Grande Marlasca. Todos ellos criticaban abiertamente y sin rubor alguno una sentencia del tribunal a quien la propia Constitución dota de las máximas facultades para decidir si una norma se ajusta o no a la Ley de leyes aprobada por el pueblo español en 1978.
En cualquier otro país de la Europa civilizada, la sentencia probablemente habría traído como consecuencia inmediata la dimisión en bloque del gobierno y la convocatoria de nuevas elecciones. Pero esta España querida is different, y aquí vamos de susto en susto, de provocación en provocación y de infamia en infamia sin que por eso se alteren ni un ápice ni el esculpido peinado del presidente Sánchez ni las entrañas del estado, o lo que va quedando de él.
Recordemos que el quid de la sentencia del TC no entra en cuestionamiento alguno acerca del confinamiento y las medidas adoptadas, con mayor o menor fortuna, para contener la pandemia desatada en todo el mundo desde principios de 2020, sino de los instrumentos legales utilizados por el gobierno, que decidió transitar por el cómodo camino del estado de alarma y la posibilidad exprimida hasta la saciedad de gobernar por decreto, y abandonar, en consecuencia, el otro camino marcado por la Constitución, el del estado de sitio, que a juicio de los magistrados del TC, habría sido mucho más ajustado a las normas de un estado democrático, ya que en él el gobierno estaría mucho más y mejor controlado en todo momento por el Congreso de los Diputados. A la vista de los acontecimientos, es obvio que la decisión adoptada por Pedro Sánchez no fue, ni mucho menos, improvisada.
Que los compañeros de viaje del gobierno Sánchez (Unidas Podemos, los antisistema y los partidos independentistas), pongan permanentemente en tela de juicio cualquier sentencia que dimane del TC, como órgano de control de la constitucionalidad de las normas que nos rigen, no es extraño. Lo verdaderamente sorprendente es que sea el mismo gobierno de la nación quién haya salido en tromba a intentar deslegitimar una sentencia del TC únicamente porque cuestiona unas normas dictadas por el ejecutivo. Eso no es otra cosa que saltarse los principios básicos de un estado democrático que, precisamente, sustenta sus cimientos en la separación de poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Los tres deben tener bien marcados sus territorios para que ninguno de ellos ceda a la tentación de inmiscuirse en el terreno de los otros.
No basta, señor
Sánchez y señores del gobierno, con respetar una sentencia emanada del TC o de cualquier otro órgano judicial del estado, hay también que acatarla en todos sus extremos. Si no es así, no habrá ya duda de que –por acción o por omisión-, estamos en pleno proceso de destrucción, de aniquilamiento de las instituciones clave que constituyen los fundamentos del estado de derecho en España. Dicho de otro modo, si no lo es desde luego lo parece: ustedes persiguen acabar con el régimen del 78, un régimen que ha dado a España el periodo más largo de democracia, de prosperidad económica y social de los últimos siglos.
Si (
No(
