Non plus ultra, señor Ábalos

El Consejo de Ministros aprobó conceder a principios de marzo pasado a la compañía Plus Ultra, una aerolínea vinculada a intereses venezolanos de los que el gobierno caribeño no anda muy lejos, un préstamo por la nada despreciable cantidad de 53 millones de euros a 7 años y con cargo a los fondos de la SEPI (Sociedad Española de Participaciones Industriales), y eso que esa aerolínea no es ni por asomo una empresa estratégica del sector.

El hecho despertó muy pronto los recelos tanto de otras compañías españolas relacionadas con el turismo y con el transporte aéreo, como de la oposición política y, acto seguido, el PP y Vox –cada uno por su lado, claro está-, recurrieron la decisión que había adoptado el gobierno español incluso antes de recibir los correspondientes y preceptivos informes, según se informaba ayer mismo en algunos medios .

La controvertida decisión de participar en el rescate de Plus Ultra es aún más sospechosa habida cuenta de que el organismo dependiente del Ministerio de Hacienda, la SEPI, conocía ya en el momento de salir al rescate de la aerolínea venezolana que cuatro empresas habían iniciado procedimientos judiciales de carácter civil contra la aerolínea y que, además, existían numerosas reclamaciones de pasajeros o entidades especializadas por denegaciones de embarque, retrasos y/o cancelaciones de vuelo.

Amistades peligrosas

Ahora, un juzgado de instrucción de Madrid suspendió la semana pasada y de forma cautelar el préstamo de 34 millones a la aerolínea que forma parte del total de los 53 millones aprobados por el consejo de ministros. Pues bien, la abogacía del Estado, que más parece la de Plus Ultra, advierte ahora al juzgado que de no desembolsar el estado español esos 34 millones, puede verse afectada también la devolución de los 19 primeros. El problema, señores abogados , es que tanto la fiscalía como el titular del juzgado de instrucción madrileño investigan presuntos delitos de prevaricación o malversación de caudales públicos cometidos por funcionarios públicos, además de un presunto delito de fraude de subvenciones. Pero, incluso, sin que mediara la investigación judicial, parece más lógico preservar los euros aún no facilitados porque es muy difícil pensar en que puedan recuperarse ya los 19 otorgados.

Recordemos que fue un informe emanado del ministerio de Transportes, con José Luis Ábalos como titular, el que sirvió de base para el rescate de Plus Ultra que parece más fundamentado en intereses políticos que meramente económicos.

Casualidades de la vida que, al principio del estado de alarma, ocurriese aquel siniestro y nocturno encuentro mantenido por Ábalos con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez -caso Delcy-, sin que trascendiese el contenido de su conversación de más de 30 minutos con la ministra de Maduro, en Barajas y de madrugada, a pesar de que la mandataria caribeña tenía prohibido sobrevolar territorio comunitario. Y Ábalos, primero negó la mayor; poco después transformó el relato diciendo que en realidad él iba a encontrarse con el ministro de Turismo venezolano. Y, ni en uno ni en otro caso, se le ocurrió preguntar siquiera por el contenido de unas 40 maletas que acompañaban a la vicepresidenta venezolana.

Curioso, desde luego, que a don José Luis no le diera tiempo a tratar de nada serio en la media hora de encuentro y en plena madrugada, con un aeropuerto, en plena pandemia, prácticamente sin actividad alguna mientras que, a su jefe, el presidente Sánchez, le dieran tanto de sí esos 30 segundos de estudiado cruce de caminos con Joe Biden en un pasillo y en un receso de la asamblea de la OTAN (relaciones bilaterales, cambio climático, Marruecos, panorama internacional…).

El caso es que no fue este el único episodio oscuro de Ábalos, el ministro que recomendaba a sus colegas del gobierno la adjudicación directa y por vía de urgencia de mascarillas y diverso material médico a un amiguete zaragozano al comienzo de la pandemia. La cosa salió como era de prever, es decir, en sonoro pufo y engaño manifiesto de los proveedores a costa de la hacienda pública española. Ya se encargó el aparato de propaganda gubernamental de difuminar el caso y darle la vuelta a la tortilla colocando el episodio ante la opinión pública como si de un triunfo legendario se tratase.

Claro que las malas lenguas tienen una versión muy distinta de aquel encuentro íntimo de madrugada con la ministra de Maduro. Hay quien sostiene que esa media hora fue determinante para que la señora Rodríguez pusiese delante de Ábalos los documentos para demostrar al mundo que esas pruebas podrían afectar directamente a la coalición de gobierno con Unidas Podemos, ya que probarían fehacientemente el estrecho vínculo de sus socios de gobierno con el régimen venezolano, además de datos concretos sobre los negocios de un antiguo embajador socialista en Caracas de la época de Rodríguez Zapatero.

En fin, señor Ábalos, usted ha perdido ya la protección del todopoderoso Pedro Sánchez y, consecuentemente, ha dejado también la secretaría de Organización del partido y, por el momento al menos, de su carrera política podría decirse ya, con perdón, que non plus ultra.