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Inseguridad nacional y derivas autoritarias

martes 24 de agosto de 2021, 15:18h

Cuando uno conoce la gestación de una próxima ley que permitirá la expropiación de bienes o la movilización de los ciudadanos españoles, y que además legitimará al gobierno a poder tomar esas medidas a través de un Real Decreto y sin consultar al Consejo de Seguridad Nacional o al Congreso, lo más normal es que un latigazo te recorra la espina dorsal y te quedes boquiabierto y paralizado.

Si una ley así hubiera sido aprobada y aplicada en el régimen dictatorial de Franco no sería sorprendente porque, al fin y al cabo, es lo que uno espera de regímenes como ese: palo y tente tieso. Pero no, señores, resulta que este proyecto de ley que conocimos en la segunda quincena de junio pasado y que reforma la Ley de Seguridad Nacional, ha sido planteado por el gobierno de Pedro Sánchez que, al paso que vamos y si no sufre profundas y radicales transformaciones a su paso por el Congreso a la vuelta de vacaciones, va a ser el argumento de mayor peso para que pueda proclamarse dentro y fuera de nuestras fronteras que habremos dejado de ser eso que llaman una “democracia consolidada”.

En efecto, el anteproyecto de modificación de la Ley 36/2015, de 28 de septiembre, de Seguridad Nacional, que hemos conocido a finales de junio pasado a través de una filtración del gobierno a El País, no se queda ahí. Incluye también la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo. En otras palabras, que hurta a los propios medios la posibilidad de juzgar y priorizar la importancia de esas informaciones surgidas desde Moncloa y les impone recogerlas en los términos que se les dicte.

En palabras llanas, y según ese anteproyecto, si el gobierno decide que hay alguna crisis que justifique “una situación de seguridad nacional”, Pedro Sánchez tendría todos los poderes en su mano y, además, sin control alguno por parte del Congreso o de los Tribunales de Justicia. El texto incluye, además, y por si todo lo anterior no fuese suficiente, una disposición adicional que apunta a que todos “los documentos y la información manejada por el Sistema de Seguridad Nacional quedan excluidos del derecho de acceso a la información pública”.

De seguir adelante y en estos términos esta reforma de la Ley de Seguridad nacional, que el gobierno piensa tramitar como una ley ordinaria, conculcaría derechos fundamentales de los ciudadanos y, en consecuencia, eso solo podría hacerse a través de una ley orgánica. Claro que en esta última circunstancia el ejecutivo necesitaría una mayoría más amplia porque entonces no le bastaría con la mayoría absoluta, y de ahí su interés en que esta ley siga manteniéndose como ordinaria.

La situación es verdaderamente preocupante, lamentable, triste, lesiva para las libertades democráticas, intranquilizadora e incluso pavorosa, porque destila todo el aroma de una deriva autoritaria, caudillista y antidemocrática del gobierno y exige, por tanto, de todos los partidos e instituciones del estado el máximo esfuerzo para intentar parar esta iniciativa que, de llevarse a la práctica en los términos anticipados, nos situaría en un estadio anterior a la Constitución de 1978, garante de las libertades individuales de todos los españoles, con el simple recurso a una hipotética crisis que justifique “una situación de seguridad nacional”.

La única forma de tranquilizar al ciudadano es que se defina muy bien, y a priori, por un lado, cuáles son esos casos de crisis y, por otro, que su tramitación se atenga a lo dictado para las leyes orgánicas habida cuenta de que su puesta en práctica limitaría considerablemente las libertades ciudadanas. Todo lo demás serían abusos autoritarios y antidemocráticos por mucho argumentario que intente ocultar esa dura realidad.

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