Los médicos objetores para interrumpir embarazos en la sanidad pública se han convertido en tal problema que una enfermera demostró que en Madrid es imposible en estos momentos lograr un aborto en toda la región, incluso siendo un embarazo problemático que pone en riesgo su vida. Se trataba de un aborto terapéutico.
El caso del escándalo lo destapó la 'SER' en un reportaje al que se sumaron después multitud de mujeres que contaron la misma experiencia que esta mujer, una enfermera que trabaja en el Hospital Clínico San Carlos de la capital, había sufrido en sus propias carnes. Tenía un diagnóstico a favor de sugerir esa interrupción del embarazo, pero ningún médico de la región se lo practicó porque se declararon todos objetores de conciencia.
Entrevistada al respecto, la ministra de Igualdad, Irene Montero, ha reconocido esas dificultades para realizar un aborto terapéutico, al conocer la historia de Marta Vigara, la enfermera qu al final tuvo que recurrir a un hospital privado.
"No es un caso aislado. 8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay comunidades autónomas donde ni siquiera se realizan. Por todo ello es urgente reformar la ley del aborto. El derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos debe estar blindado por ley", dijo antes en redes sociales la ministra.
Ahora, Montero se compromete a que antes de finalizar el año habrá un borrador definitivo de la reforma de la ley del aborto y que incluirá una regulación más estricta del libre ejercicio de la objeción de conciencia por parte de estos profesionales sanitarios.
"En España está reconocido el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, algo que no se está pudiendo hacer efectivo para miles de mujeres. Es una violación de los derechos humanos", denunció Montero.
Defendió sin matices el derecho a la objeción de conciencia, pero cree que hay qure regularlo para garantizar a su vez que se atienda "a los derechos de las mujeres".
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