La Ley de Vivienda sigue enfrentando al PSOE y Unidas Podemos en el Gobierno, y es uno de los escollos en la negociación interna de los Presupuestos. Ante la negativa de los socialistas a regular el precio del alquiler, los 'morados' han redoblado la presión, firmando con varios socios del Gobierno la ley que garantiza el acceso a una vivienda digna, apoyada por plataformas como la PAH y los sindicatos CCOO y UGT.
Unidas Podemos redobla la presión sobre el PSOE para la aprobación de la ley de vivienda. La formación 'morada' es una de las firmantes, junto a la mayoría de socios del Gobierno, de la Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada, que busca regular los precios del alquiler, así como prohibir los desahucios cuando no exista alternativa habitacional, y ampliar el parque público de vivienda social de alquiler, entre otras medidas.
En el seno de La Moncloa, todavía no se ha cerrado el acuerdo para los Presupuestos de 2022, ya que entre los obstáculos figuran las diferentes posturas del PSOE y Podemos sobre la regulación de los precios del alquiler.
La Plataforma de Afectados por la Hipoteca, junto a diversas organizaciones sociales y los sindcatos CCOO y UGT han llevado este jueves al Congreso la citada ley, que cuenta con el apoyo de Unidas Podemos, ERC, Junts, la CUP, EH Bildu, Compromís, Más País, BNG y Nueva Canarias.
La Ley de Garantía del Derecho a la Vivienda Digna y Adecuada buscar "resolver la crisis habitacional que arrastra nuestro país, eliminando las trabas que impiden el acceso de cientos de miles de ciudadanos".
Las organizaciones civiles y los partidos firmantes han decidido dar un paso al frente "ante el inmovilismo de un PSOE que prometió la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda para el pasado mes de febrero y que también ha incumplido su compromiso con la sociedad y con sus socios de Gobierno de regular el alquiler e impedir los desahucios".
"Esta ley no surge de un conflicto entre socios, sino de un conflicto social que enfrenta a poderosos lobbies financieros e inmobiliarios que ven en la vivienda una forma de especulación y enriquecimiento, con el resto de la sociedad: en los primeros 6 meses de 2021 llevamos 22.532 desahucios a pesar de las medidas especiales de protección por la pandemia confirmando el carácter sistémico de la emergencia habitacional que sufrimos en España, uno de los países del mundo en los que las familias destinan mayor proporción de sus ingresos a pagar el alquiler a causa de las desproporcionadas subidas durante los últimos seis años, hecho que ha generado un mpobrecimiento sistémico en los hogares inquilinos", aseguran los impulsores de la iniciativa.
El portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, ha afirmado en Twitter que el hecho de que "el Gobierno no sea solo presionado por los poderosos, sino también por la sociedad civil organizada es lo que hace posible que España avance".
"Exigimos al PSOE que se ponga también del lado de la ciudadanía y allane el camino para la aprobación de esta Ley, comenzando por agilizar su paso por la Mesa del Congreso y por dar luz verde votando 'sí' a su toma en consideración", reclaman desde la PAH, que anuncia que se redoblará la presión a los socialistas mediante la movilización de los ciudadanos.
Las claves de la Ley de Vivienda
La Ley se estructura en nueve títulos, con un total de 94 artículos, en los que se establecen las bases para hacer efectivo el derecho a la vivienda. Como aspectos fundamentales:
- Se establece el Derecho a la Vivienda como derecho subjetivo exigible para asegurar su protección, y se establecen nuevas garantías judiciales muy definidas para evitar el abuso de Derecho contra los habitantes susceptibles de desahucio.
- En materia de desahucios, la ley prohíbe los desahucios a personas o familias vulnerables mientras no haya garantía de un realojo digno y adecuado, y obliga a los grandes propietarios a hacer alquileres sociales como opción prioritaria ante el desahucio.
- Se prohíben expresamente los desahucios con fecha abierta y se legislan diferentes medidas para evitar el sobreendeudamiento, como son la dación en pago y se limita la responsabilidad al bien hipotecado incluyendo mayor efectividad a una segunda oportunidad y lograr dejar atrás la ley hipotecaria.
- En materia de alquileres, la ley establece una regulación de los alquileres flexible en base a un índice de mercado con el objetivo de limitar y bajar el precio de las rentas para que supongan un coste asumible para la mayoría de la población. También se fija la renovación automática y obligatoria de los contratos de arrendamiento siempre y cuando el inquilino haya cumplido con sus obligaciones y el arrendador no precise de la vivienda para disfrute propio o de un familiar.
- En el ámbito del sinhogarismo, la Ley establece el Derecho a la Vivienda como Derecho subjetivo y garantiza la protección inmediata en alojamientos adecuados para toda persona que caiga o se encuentre en esta situación.
- En cuanto al parque de vivienda pública, se prohíbe su venta y se fija un objetivo de solidaridad urbana del 20% antes del año 2050 para movilizar vivienda mediante diferentes herramientas como son la cesión obligatoria, el tanteo y retracto de grandes tenedores como puede ser la SAREB.
-Se garantiza el acceso a suministros básicos, creando una tarifa social y prohibiendo los cortes de agua, luz o gas a personas en exclusión residencial.
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