Los letreros del antiguo nombre del estadio de fútbol de Cádiz, Ramón de Carranza, han pasado a sustituirse por el de “Nuevo Mirandilla”, en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática que el alcalde de Cádiz, José María González Santos, Kichi, ha conseguido imponer en contra del parecer de buena parte de los aficionados y de la población gaditana. Y, para más inri, el caso es que muchos comentaristas deportivos –lo pude comprobar en el último choque Cádiz-Barcelona-, siguen refiriéndose al estadio del Cádiz como el “Carranza”, aunque oficialmente haya cambiado su denominación.
Pero lo mismo que al Ramón de Carranza le ha pasado o le puede pasar al Pedro Escartín de Guadalajara, el Román Suárez de Avilés o la grada dedicada a Lluís Sitjar en Son Moix. Algunos incluso van más allá y piensan que si se alarga el brazo de la ley, llegaría hasta el Santiago Bernabéu, el José Rico Pérez o el Carlos Belmonte, nombres que no estoy muy seguro de que las aficiones de los clubes respectivos estén muy dispuestas a sustituir.
El del fútbol, obviamente, no es el único ámbito de cambios de nombres en los que nuestros alcaldes nos han metido en los últimos años, bien es verdad que no siempre con idéntica fortuna. En Madrid, por ejemplo, la calle que popularmente se conocía como Pasillo Verde, cambió su nombre hace unos años, bajo el gobierno del Partido Popular, por el de Paseo del Dr. Vallejo Nájera que, a su vez, y en la etapa de la alcaldesa Carmena cambió a Paseo Juan Antonio Vallejo-Nájera Botas. El primero de los Vallejo era el padre del segundo, Los dos fueron psiquiatras y el segundo, además, escritor, y parece que también los diferenciaba la condición de “franquista” del primero, situación esta absolutamente desconocida para el noventa y nueve por ciento de los madrileños. Y así con otras cincuenta o cien calles más. Un proceso que, imagino, ha alcanzado a centenares, a miles de poblaciones de nuestro país.
La ideología, incluso por encima de la tradición y del asentimiento de la población para mantener un nombre determinado en estadios o calles, parece que hace mella en nuestras corporaciones municipales porque, acaso no tengan urgencias mayores que solucionar. Y eso sin contar los gastos que llevan aparejados cualquier modificación de este tipo: registros de la propiedad, placas en los edificios, callejeros en papel y on line, papelería tanto del ayuntamiento como de las empresas y particulares afectados, etc. Una sangría más que consideramos absolutamente innecesaria y aplazable, al menos.
Y lo digo porque luego vienen los inevitables recursos y las consiguientes batallas judiciales que en muchos casos se resuelven en contra de los cambios, en cuyo caso hay que volver al principio, pero duplicando los gastos que conllevan los nuevos cambios. Un galimatías que solo puede entenderse en un país como el nuestro, nuevamente anclado en un pasado de ocho décadas que, además, no pueden cambiar lo vivido.
Un asunto que aún entra en un terreno mucho más espinoso cuando de lo que se trata es de modificar la significación de un enclave como el Valle de los Caídos, vinculada absolutamente a la figura de Franco. Primero le tocó al dictador, cuyo traslado del féretro fue trasmitido por la 1 de TVE como si fuera el acontecimiento del siglo. Después ha venido la desacralización legal del enclave, luego la expulsión de los religiosos vinculados a la basílica y las consiguientes negociaciones con la Iglesia. El objetivo final es la resignificación del edificio del que, incluso, se está pensando en derribar la gran cruz que lo preside.
Viene a decir el nuevo enfoque de la Ley de Memoria Democrática, que todo debe subordinarse a la búsqueda de la Verdad, la Justicia, la Reparación y el Deber de Memoria del Derecho Humanitario Internacional. Todo eso está muy bien, pero el problema surge cuando todas las iniciativas del gobierno están encaminadas a aclarar los acontecimientos, por un lado, y a reparar las consecuencias en los afectados y hasta en sus herederos, por otro. Pero abusos, injusticias, sangre y muerte hubo por una facción de los contendientes de nuestra Guerra Civil y por la contraria y, sin embargo, solo se están acometiendo acciones contra el bando franquista.
Esto es, si no me equivoco, escribir la historia al gusto de una de las partes y sin tener nunca en cuenta la otra. Es decir, justamente lo contrario de los principios que deben orientar cualquier investigación histórica, que no debe de ir orientada a satisfacer las premisas o la ideología del historiador, sino que debe buscar la verdad.
Lo ha dicho mucho más claro y más alto un histórico militante del PSOE, Francisco Vázquez, exalcalde de La Coruña, embajador ante la Santa Sede y senador que, además, es caballero de la Orden del Imperio Británico. Pues bien, Vázquez afirmaba meses pasados en una entrevista que «La memoria histórica es estalinismo puro». La cosa enfadó tanto a Francisco Vázquez que, nada más aprobarse la Ley de Memoria Histórica, se dio de baja del partido: “Es más grave que lo de Cataluña. Esta ley es la mayor manifestación del totalitarismo, que siempre empieza manipulando la Historia”.
Y es que la historia no puede acabar siendo un relato a conveniencia de parte. Eso es un cuento chino que persigue la alienación de los ciudadanos, la voluntad de instauración del partido único, de negar a la población la búsqueda de la verdad a través del contraste de estudios, de investigaciones, de pareceres. Ley de Memoria Histórica sí, pero para todos.
Si (
No(
