Diez años después de la derrota

La pesadilla duró más de 40 años y arrastró consigo centenares de muertos y miles de heridos. Me refiero a ETA, unas siglas que marcan con sangre la historia de una parte del pueblo vasco, el que apoyaba la acción armada para la consecución de objetivos políticos. ETA seleccionaba inicialmente a sus víctimas (guardias civiles, militares, policías), pero muy poco después fue ampliando el espectro (políticos, funcionarios de prisiones, empresarios…), para acabar extendiendo ese objetivo a toda la población civil española. Como si alguna vez esos asesinatos hubieran sido cosa distinta: un asesinato es sencilla y claramente un asesinato.

Desde su punto de vista, se trataba de extender el miedo, el terror, a toda la población civil y de ahí la acertada calificación como terroristas a quienes participan, secundan o encubren esa abyecta, desgraciada y despreciable actividad de las que también son corresponsables quienes la justifican.

De la derrota de ETA y el cese unilateral de sus actos terroristas han pasado ya diez años. Desde entonces, hemos visto que ETA tenía arraigo social y, lo que es peor, que ese apoyo sigue manteniéndose y hasta aumentando hoy en día a juzgar por los resultados que, votación tras votación, sigue obteniendo Bildu, la formación política vasca heredera de la organización terrorista. Ignorarlo sería aplicar la política del avestruz.

Los avatares de la política nacional han propiciado que los escaños de Bildu sean claves para el mantenimiento del gobierno Frankenstein de Sánchez. Así las cosas, tanto la izquierda radical como el partido del gobierno, prefieren pasar página sin detenerse mucho a estudiar las duras consecuencias de aquella etapa histórica. Los miles de víctimas que han quedado por el camino parece ser que es mejor ni mirarlas, ni considerarlas porque resulta incómodo detenerse a ver ciertos aspectos que, como mínimo, no facilitan el diálogo del gobierno con Bildu, la formación heredera de ETA, que a lo más que se ha atrevido por boca de su líder, Arnaldo Otegui, ha sido lamentar las consecuencias de aquellos hechos, a reconocer que “hubo un daño causado a las víctimas”. El caso es no pronunciar explícitamente la palabra “perdón” o, en moderna definición, no hacer una autocrítica honesta de aquella época de sangre, extorsiones y dolor sembrados sin ton ni son.

Debe de ser que la Ley de Memoria Democrática solo atañe a la época de Franco, pero no a este medio siglo de muertes y extorsiones de ETA y su entorno con el fin de conseguir una Euskadi independiente y socialista al precio que fuera. Pero hay que llamar a las cosas por su nombre y cualquier acuerdo con ETA y sus seguidores es sencillamente deleznable, como lo sería también con herederos directos del nazismo o del fascismo.

La política de acuerdos del gobierno Sánchez con los herederos de ETA solo sirve para blanquear a esa formación política que aún no ha hecho expresa condena de los métodos de la banda terrorista y de las muertes y víctimas provocadas por su sanguinaria acción. Otegui, en un acto de partido, fue muy claro respecto a los fines de su formación: “Si para que salgan los presos hay que votar los presupuestos, los votaremos”.

Pero aún es más cínica y despreciable la versión que Ione Belarra, líder de Unidas Podemos y ministra del gobierno Sánchez, ha hecho como balance de ETA al referirse a la conmemoración de estos diez años de su derrota llamándola simplemente “cese de su actividad”, en un lamentable episodio más de siembra de ambigüedad verbal para calificar hechos tan crueles como los protagonizados por la banda terrorista que ha sembrado de dolor y de luto a miles de familias españolas, hoy agrupadas en torno a las diversas asociaciones de víctimas del terrorismo.

Y, a todo esto, el mago que mueve los hilos de la política vasca desde hace décadas, el Partido Nacionalista Vasco (PNV), ha sido el catalizador del creciente apoyo social que está teniendo Bildu y no sería nada raro ver a un lendakari de esta formación en la presidencia del Gobierno Vasco en próximas elecciones, apoyada por supuesto, por el cambiante Sánchez que, si hoy apoya al nacionalismo de derechas del PNV, al mismo tiempo acuerda la derogación de la reforma laboral con Bildu y Podemos y su voto afirmativo para los Presupuestos Generales del Estado, a cambio de ceder la política de Prisiones al ejecutivo vasco y de propiciar el acercamiento de presos etarras a prisiones más cercanas a su entorno geográfico, en un primer paso, y posiblemente a las obtenciones de terceros grados y excarcelaciones paulatinas de presos condenados a docenas de años de prisión por sus asesinatos.

Pero, para ser justos y hablando claro de nuevo, solo la presión de las fuerzas de seguridad del estado (Guardia Civil y Policía), los acuerdos políticos de las formaciones democráticas, la creciente disidencia social operada en el País Vasco deslegitimando la acción terrorista y la fuerza moral que guardan las asociaciones de víctimas del terrorismo han sido los verdaderos ejes sobre los que pivotó la sociedad española para lograr hace ya diez años que la banda ETA abandonase la acción armada y dejase así de sembrar tanto dolor en todos los ámbitos de la sociedad. Decir otra cosa es colaborar en este grotesco baile de mendacidades y blanqueamientos.