Un mundo feliz

Hace ya mucho, mucho tiempo, en un lejano y exótico país del sur de Europa, el líder de la oposición recordaba al entonces presidente del gobierno que había un espejo donde mirarse en la próspera Alemania porque allí los gobernantes llegan a dimitir por plagiar un párrafo en una tesis doctoral. El país donde sucedían estas cosas era España, el líder de la oposición era Pedro Sánchez y el presidente del gobierno Mariano Rajoy.

Pero como aquel exótico país gozaba, al parecer, de un régimen democrático modélico, una moción de censura permitió a Sánchez llegar a presidir el gobierno, avalada después por la convocatoria de elecciones que volvió a ganar y, en coalición con grupos de izquierda radical y antisistema, volvieron a auparle hasta la Moncloa con su apoyo parlamentario.

Pero, hete aquí que apenas tres meses después de su toma de posesión, el gobierno de Sánchez tuvo que hacer frente a una pandemia hasta entonces desconocida y, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, echó mano del camino fácil para no ver contestada su gestión ni en el parlamento ni en la calle.

Pero, en ese intento de allanarse el camino, cometió algunas ilegalidades que, además, no eran ninguna nimiedad y el mundo feliz que se había construido para sí y para sus ciudadanos, se vio de pronto alterado por algunas sentencias dictadas por el Tribunal Constitucional (TC), que sacaron del sueño de vivir en el mejor de los mundos posibles tanto al gobierno como a los ciudadanos.

En efecto, en los últimos cinco meses, los que van de mayo a octubre de 2021, la realidad, el aquí y el ahora, se han impuesto en España.

En mayo el TC tumbó el Real Decreto Ley del que se valió el presidente del gobierno para incluir por la puerta de atrás al entonces vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y al jefe de Gabinete, Iván Redondo, en la comisión del CNI. Lo hizo anulándolo y declarándolo anticonstitucional al entender que no se debía haber recurrido a la fórmula del Real Decreto Ley, que la Constitución limita a los casos de «extraordinaria y urgente necesidad», y éste no lo era.

Dos meses después, en julio pasado, el mismo TC señaló como ilegal la declaración del primer estado de alarma con el argumento de que el Gobierno debió recurrir, no al estado de alarma sino al de excepción para suspender un derecho fundamental como es la libertad de circulación.

Esta misma semana, por último, el TC ha declarado también ilegal la declaración del segundo estado de alarma porque con él se buscaba evitar el control parlamentario al Gobierno y, además, quitarse de encima la gestión de la pandemia delegando en las comunidades autónomas competencias que no les correspondían (todas esas que incluyeron en el término cogobernanza).

Pedro Sánchez, no obstante, no solo ha hecho caso omiso a sus principios de dimitir al revelarse que en su tesis doctoral había también varios párrafos plagiados (pelillos a la mar), sino que tampoco le parece motivo suficiente para pillar las de Villadiego que en todos y cada uno de los pronunciamientos del Alto Tribunal español, se haya –al menos- afeado la acción de gobierno y en unas circunstancias tan dramáticas y adversas para el gobierno.

En todo caso, no desesperen. Ni el presidente del gobierno tiene intención alguna de dimitir o convocar nuevas elecciones, ni el pueblo español la más leve voluntad de salir de este estado envidiable de armonía y felicidad, de mansedumbre y quietud, como para recordarle a su presidente que eso de recurrir al camino inconstitucional para su acción de gobierno debiera tener un precio: su dimisión.

El calvario judicial del gobierno está muy lejos de acabarse porque el TC tiene aún sobre su mesa la Ley de Educación –la famosa Ley Celaá– que Sánchez aprobó en pleno estado de alarma está recurrida en el Constitucional por el PP y Vox, entre otras cosas por vulnerar la libre elección de centro educativo de los padres. Y, por otro lado, y aprobada también en mitad de la pandemia la Ley de Eutanasia, que se encuentra asimismo recurrida en el TC.

Bien pensado, esto tampoco importa mucho. Estas leyes, lleguen o no a declararse inconstitucionales, en España no habrá cambiado nada. ¿Para qué cambiar si, con abusos legales y todo, en realidad, se diría que seguimos viviendo en un mundo feliz?