A las 10:30 de la mañana de ayer Javier Serrano estaba vivo y aseguraba estar muy contento por una razón. Tenía cita una media hora después con un equipo médico, en su casa de Getafe, para practicarle la eutanasia y acabar con años de sufrimientos y dolores a causa de su enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).
Su casa era una celebración. Hasta 15 personas se contaban entre familiares y amigos repartidos como podían por las diferentes estancias del piso. “Estamos de ‘fiestuqui’, tenemos porras y churros", aseguraba Javier Serrano a este diario tan solo 30 minutos antes de que un médico llamara a su puerta para inocularle la mezcla que acabó con su vida, a los 58 años. Hasta el final, su mente funcionó perfectamente, a diferencia de su cuerpo y de sus capacidades físicas, ya mermados por los estragos de la ELA.
"Creo que no me has entendido, a las 11 de la mañana ya me voy, a las 11 me dan el chute", decía este hombre que se ha convertido en la primera persona a la que se le ha ayudado a morir en la historia de la Comunidad de Madrid, en virtud de la Ley Orgánica 3/2021, más conocida como la Ley de Eutanasia. Con el bullicio de la "fiestuqui" de fondo, Javier Serrano se definía en un estado de "alegría" y "felicidad" porque después de un año ya podía cumplir su deseo: morir digna y legalmente con la asistencia de un médico. En las últimas semanas, los dolores de la enfermedad se habían agudizado y ya le costaba hasta dormir. No poder ir al baño solo, no poder limpiarse solo, no poder comer solo y no poder moverse solo. La situación para Javier Serrano se había vuelto incompatible con la vida y decidió morir.
"Que se los hagan ellos los cuidados paliativos, a mí no me valen"
El Gobierno central aprobó el pasado mes de marzo la eutanasia en España. Sin embargo, uno de los requisitos para que las Comunidades Autónomas pudieran aplicarla era que designaran y crearan una Comisión de Garantía y Evaluación para la aplicación de la prestación de ayuda para morir. En la Comunidad de Madrid, esta Comisión tomó forma el pasado seis de octubre, fecha en la que el Gobierno regional la aprobó. Es decir, unos seis meses después de que la legislación nacional lo permitiera. "Yo ni entiendo este asunto de los plazos pero me parece que es una cagada lo que han hecho", aseguraba Javier Serrano mientras explicaba las múltiples ocasiones en las que llamó a la Consejería de Sanidad para informarse sobre cómo actuar y cómo recurrir a la eutanasia.
"En marzo me decían que no estaba aprobado todavía, que supuestamente entraba en vigor en junio; luego en septiembre me dijeron que faltaba la Comisión de Garantías, hasta que ayer me avisaron", detallaba Javier Serrano. El martes una doctora se puso en contacto con él para comunicarle la decisión favorable que la Comisión había tomado sobre su caso. En ese momento, se le ofreció elegir la fecha de la inyección y él lo tenía claro, cuanto antes, mejor.
En el debate sobre la eutanasia, foro para muchos superado desde que la Ley lo permite, existe una idea que se opone a la muerte asistida: la de la mejora de los cuidados paliativos como alternativa al fin de la vida. En este punto, el hombre ya fallecido expresaba así su opinión: "Que se los hagan ellos los cuidados paliativos, a mí no me valen".
Ley a batir o derecho que defender
Por motivos parecidos, la Ley de la Eutanasia se encuentra recurrida ante el Tribunal Constitucional por el Partido Popular y por Vox. El argumento principal de ambas formaciones para oponerse judicialmente a esta Ley es que la eutanasia legal y practicada por el Estado supone un enfrentamiento a un derecho fundamental recogido por la Constitución: el derecho a la vida. Para los populares, la eutanasia es incompatible con el deber estatal de la "protección de la vida" y para Vox es inaceptable que en España pueda existir un derecho por el que "se procure la muerte a los ciudadanos". Como alternativa, ambos partidos coinciden en la solución: mejorar los cuidados paliativos para reducir el dolor y el sufrimiento de las personas cuyo estado de salud sea incompatible con un mínimo bienestar.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha expresado su postura en este asunto en múltiples ocasiones. "Ahora mismo hay una Ley y nosotros hemos actuado con la mayor celeridad porque somos un gobierno respetuoso con las leyes", aseguraba ayer mismo la presidenta Isabel Díaz Ayuso a la vez que insistía en que su Gobierno "seguirá ahondando en ofrecer los mejores cuidados paliativos para que ninguna persona se sienta nunca desasistida o sufra innecesariamente".
En este punto, el presidente de la organización Derecho a Morir Dignamente (DMD), Fernando Martín, sostiene que este argumento es un simple comodín dialéctico: "Los cuidados paliativos van de la mano con aquellas personas que deseen la eutanasia; no son cosas incompatibles, es un debate superado". Sobre la postura de Díaz Ayuso, Martín sugiere que "no dice lo que piensa" debido a su relación política con Vox porque, para él, la eutanasia es "una cuestión de libertad", valor con el que la presidenta se identifica.
El papel de los médicos
Dejando a un lado las formaciones políticas y sus posturas respecto a este asunto, existen otras instituciones que se oponen a la eutanasia como es el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) cuyo presidente, Manuel Martínez-Sellés, es un firme detractor de esta Ley. Para Martínez-Sellés, la eutanasia va en contra del Código de Deontología Médica y cita el artículo 36.3: "El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de este”. Preguntado por el hecho de que la Ley existe y que ya se empieza a aplicar, el presidente del ICOMEM explica que "la eutanasia supone matar ya que es una intervención para causar la muerte de un paciente". Sin embargo, no lo equipara con un asesinato, si acaso, asegura, "sería un homicidio por compasión" ante el sufrimiento del paciente. Aquí, apunta Martínez-Sellés coincidiendo con PP y Vox, la solución pasaría por los cuidados paliativos "para acabar con el sufrimiento y no con el paciente".
El ICOMEM representa a la totalidad de los médicos que ejercen en la Comunidad de Madrid, sin embargo, según la última encuesta realizada sobre este asunto en 2019, el 69 por ciento de los 1.044 profesionales preguntados se mostraron a favor de una regulación de la eutanasia, mientras que un seis por ciento se manifestó en contra. Sobre estos datos se apoya Fernando Martín, presidente de DMD, para sostener que la influencia de la ejecutiva del ICOMEM sobre los médicos madrileños es "muy pequeña o casi nula". En este punto, cabe señalar que cualquier facultativo o sanitario que no quiera practicar la eutanasia está amparado por el derecho a la objeción de conciencia.
En cualquier caso, y según está establecido en la Ley, la eutanasia es un derecho y no una obligación. De hecho, existen personas con enfermedades muy difíciles que les impiden realizar muchas actividades cotidianas por sí solas y que no quieren acogerse a la eutanasia. Es el caso de Jordi Sabaté Pons, también con ELA, que rechaza y critica la eutanasia.
La eutanasia es una realidad en España y en la Comunidad de Madrid. La Ley existe y en la región ya comienza a aplicarse. A pesar de la controversia, el paraguas legal ya está dispuesto y según las fuentes médicas consultadas, la responsabilidad recae ahora sobre aquellos que ayudan a morir y sobre aquellos que deciden acabar con sus vidas.
Si (
No(
