La derogación de la ley mordaza, aprobada por el PP en 2015, ha generado tensiones en el seno del Gobierno, pero el PSOE y Unidas Podemos están ultimando las enmiendas al texto impulsado por el PNV, que prevé tumbar los aspectos más lesivos de la Ley de Seguridad Ciudadana. El Ejecutivo ha acordado una decena de cambios, que modifican el espíritu de la normativa.
El PSOE y Unidas Podemos han alcanzado un acuerdo en torno a las enmiendas que presentarán a la propuesta del PNV para derogar la conocida como ley mordaza. Este compromiso forma parte del pacto de coalición, y con demora, ambas formaciones han decidido poner fin a los aspectos más controvertidos de esta norma, relacionados con el derecho de manifestación y la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Entre los principales cambios, se encuentran los relativos al tiempo de detención sin justificación. Mientras la ley aprobada por el PP permitía que cuando una persona se negase a ser identificada durante una manifestación, podía permanecer detenida hasta 6 horas en comisaría, y en la propuesta del Gobierno se reduce ese tiempo a dos horas, salvo en casos excepcionales y justificados. Además, se establece la obligación de devolver alos detenidos al lugar donde se produjo el arresto y no en la comisaría a la que han sido trasladados.
En el caso de las identificaciones y registros, deberá quedar constancia escrita de la motivación que lleva a efectuar los registros y otras comprobaciones en la vía pública, y se establece la obligación de respetar la "identidad sexual", de forma que "no se dejará a la vista la totalidad del cuerpo, ni de manera sucesiva cada parte". Los registros deberán llevarse a cabo en un lugar reservado y fuea de la vista de terceros.
En lo que respecta al derecho de manifestación, se plantea que no se sancionen las protestas no autorizadas previamente cuando sean de carácter pacífico y siempre que no se produzcan episodios de violencia o alteración del orden público.
En el caso de las sanciones, se propone que se adapten a la capacidad económica del manifestante, para lo que plantean una reducción del 50% en la multa para quienes cobren menos de 1,5 veces el salario mínimo, y del 25% para quienes perciben entre 1,5 y 2,5 veces el SMI. Se plantea que las posibles sanciones sean “de índole restaurativo” o el resultado de la conciliación “entre la persona autora o la persona o institución ofendida”. En todo caso, en el expediente debe primar la “resocialización por encima de la sanción”, además de que se eliminará la “limitación actual para poder sustituir las sanciones a menores por trabajo social o comunitario”.
También en lo relativo a la actuación policial en las manifestaciones, se establece la obligación de utilizar los medios menos lesivos para las personas, lo que pretende poner fin al uso de pelotas de goma, que pueden causar daños irreparables. La presunción de veracidad del atestado policial quedaría supeditada a una excepción, la de que "gozará de presunción de veracidad de los hechos en ella consignados, siempre que resulte coherente, lógica y razonable, salvo prueba en contrario".
Además, se eliminarán las sanciones por la mera toma y difusión de imágenes de los agentes en la vía pública, aunque se mantiene como infracción grave el uso de imágenes o datos personales de los efectivos "cuando genere un peligro cierto a su seguridad personal o familiar".
En lo que respecta a la tenencia de drogas, pasa de infracción grave a leve portar sustancias tóxicas y estupefacientes en espacios públicos, cuando no estuvieran destinadas al tráfico.
PSOE y Unidas Podemos han dejado fuera de las denominadas ‘devoluciones en caliente’ de personas migrantes, para que sean devueltas al ámbito legislativo que corresponde, es decir, la Ley de Extranjería.
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