Anticorrupción pide imputar a Esperanza Aguirre por un asunto de servicios de la sanidad pública

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado la imputación de la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, por una reducción "ilegal" de camas en el Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda.

Según ha corroborado RTVE, la Fiscalía ha presentado un escrito pidiendo la investigación de la ex líder popular madrileña al Juzgado de Instrucción 53 de Madrid, organismo que se encuentra investigando actualmente la supresión de camas de manera ilegal tras una querella de la Fiscalía en 2020.

En el texto, la Anticorrupción indica que se redujeron 135 camas en el mencionado hospital sin procedimiento administrativo alguno y que costó a las arcas públicas 10 millones de euros.

La Fiscalía argumenta que se modificó el contrato sin el procedimiento administrativo necesario y se siguió pagando por unas camas que no existían.

Además de a Esperanza Aguirre, Anticorrupción ha solicitado investigar en la causa a Juan José Güemes, el entonces Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid.

135 habitaciones dobles pasaron a ser individuales

El ministerio Fiscal sostiene que existen indicios de que "prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo" se modificó "de facto" el contrato de concesión de obra para construir ese hospital, lo que derivó en que la administración "abonó mayores costes" por unos servicios "nunca prestados".

Las obras del Puerta de Hierro se concedieron por adjudicamiento del consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005 a la agrupación de empresas formada por Dragados S.A., Bovis Lend Lease S.A. y SUFI.

En 2008 se modificó el contrato y las 135 habitaciones dobles pasaron a ser individuales, un cambio que según recoge RTVE se justificó mediante una resolución de mayo de 2008 dictada a requerimiento de la entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que nunca existió, indica la Fiscalía.

Por ello recalca que se trata de una "reducción ilegal" y señala que "se debió de haber restablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos".