La noticia producida ayer sobre el plante de la patronal de empresarios en la negociación de la subida de las cotizaciones sociales para garantizar las pensiones ha hecho saltar algunas alarmas en el Gobierno.
Desde Moncloa se temen que los empresarios, representados por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, habría entrado en una posible estrategia conjunta con la oposición política para cerrarse a cualquier acuerdo mientras este Ejecutivo esté ocupando el poder. Lo mismo sucedería con Gerardo Cuerva, de Cepyme.
Preocupa más si cabe sobre todo porque en el horizonte cercano está iniciar las conversaciones para la derogación y posterior nueva legislación de la reforma laboral.
Si bien en el primer caso ha estado al frente de esta negociación el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se espera que pueda haber otro panorama con Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, con quien suele haber mejor 'feeling' con la patronal.
"El Gobierno ha acordado esta tarde con los sindicatos UGT y CCOO el nuevo mecanismo de equidad Intergeneracional que será de aplicación contingente y temporal y evitará los recortes en la pensión inicial que suponía el factor de sostenibilidad", ha afirmado Escrivá en su cuenta de Twitter.
Quién paga qué y cuánto
La realidad es que la patronal se levantó de la mesa negándose a pagar más por las cotizaciones sociales de los trabajadores y al no querer negociar terminará pagando más que en la propuesta inicial. La nueva aportación será repartida de la siguiente manera: las empresas pondrán un +0,5% y los trabajadores sólo un +0,1%.
La propuesta inicial suponía una carga del 0,4% a las empresas y 0,2% a los trabajadores.
El nuevo mecanismo tiene dos componentes: el primero consiste en la reactivación del Fondo de Reserva de la Seguridad Social, conocido como 'hucha de las pensiones', mediante una aportación finalista entre 2023 y 2032.
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