A finales de septiembre pasado, Pedro Sánchez, en la clausura de la III Edición del Foro la Toja en O Grove, ante el primer ministro portugués (Antonio Costa), el presidente de este espacio de diálogo (Josep Piqué), y un numeroso grupo de empresarios, afirmó con el orgullo de quien ha tenido una especie de revelación que «Es el momento de invertir en el potencial que tiene nuestra lengua común que es el español». Concretando más, y en una suerte de gloriosa emoción, añadió que la iniciativa impulsará el aprendizaje, la transformación digital, el turismo, las industrias culturales, la ciencia y la empresa en español, con la vista puesta en generar empleo cualificado, creación de valor y desarrollo industrial.
Se refería a un proyecto estratégico denominado 'El español, valle de la lengua' para utilizar el valor económico que suponen los «600 millones de seres humanos que forman parte de la comunidad hispanohablante».
Pero, como estamos demasiado acostumbrados ya a las declaraciones vacuas y pomposas, a los proyectos envueltos en humo de escenario, y a unos hechos del día a día, mucho más descarnados y cortoplacistas del gobierno, también hemos visto, solo unas semanas después, cómo el Grupo Socialista del Congreso no apoyaba una iniciativa de la oposición que perseguía sencillamente el cumplimiento de la ley que obliga a la Generalitat de Cataluña a incluir el 25 % de español en los currículos de los alumnos escolarizados en esa comunidad autónoma. Horas antes, el mismo presidente del gobierno se había negado a aclarar si la Abogacía del Estado solicitaría la ejecución forzosa del fallo judicial si la Generalitat no la cumple. Y unas semanas antes, en septiembre pasado, el PSOE apoyó también una reforma del Reglamento del Senado impulsada por Junts, el partido de Carles Puigdemont, para convertir esa cámara en plurilingüe, admitiendo el uso de las lenguas cooficiales en las intervenciones y debates.
Chocan, pues, frontalmente las proclamaciones políticas y los hechos consumados. A saber, las declaraciones del presidente del gobierno, por un lado, y del grupo socialista, por otro, que aseguran tanto secundar un proyecto para apoyar internacionalmente el idioma español mientras que, al mismo tiempo, niegan de facto el apoyo a nuestra lengua fronteras adentro.
Hoy el ‘bilingüismo’ en las autonomías con lengua cooficial (Cataluña, País Vasco, Baleares, Comunidad Valenciana o Galicia), es sencillamente falso. Lograr que se aplique en España lo mismo que en todos los países con cooficialidad lingüística, que se pueda elegir libremente la lengua vehicular en la enseñanza y que las administraciones sean verdaderamente bilingües, a estas alturas de la película se nos antoja ya una quimera inalcanzable, por no decir un chiste de dudoso gusto.
Fue en los años 80 del siglo pasado, en tiempos del entonces Molt Honorable Jordi Pujol, cuando empezó todo en Cataluña. Cuatro décadas después hemos llegado ya a considerar normal algo que es un verdadero escándalo en un país que se etiqueta de democrático: que se envíen espías a escuelas, institutos y universidades para delatar a los alumnos y profesores que se expresan en castellano. Actitudes como esta estarían mejor encuadradas en la Alemania nazi que en la España democrática del siglo XXI. Pero, desgraciadamente, las autoridades autonómicas catalanas no solo no persiguen estas iniciativas, sino que, por el contrario, las alientan y financian.
Así las cosas, querer estudiar en castellano se ha convertido tanto en una osadía como en una excepción solo asequible para los bolsillos de economías familiares más que saneadas, que pueden permitirse el lujo de llevar a los hijos a centros privados, y no en lo que debiera ser, es decir, un derecho que asiste a todas las familias y estudiantes españoles que desean acudir a centros públicos de enseñanza en cualquier nivel (primaria, secundaria, bachiller, formación profesional o universitaria), y en cualquier región que habiten o deseen acudir a cursar sus estudios.
Cataluña y País Vasco, de forma clara y confesada, y probablemente en breve también Baleares y País Valenciano, utilizan la lengua vernácula con el único y sectario fin de sembrar un caldo de cultivo secesionista, el de imponer por la vía de los hechos consumados un espacio identitario que, poco a poco, generación tras generación, signifique y distancie a los unos -los “nuestros”-, de los otros –los foráneos, los “españoles”-. Para esas fuerzas políticas, forzar el declive del idioma castellano en sus territorios respectivos es la clave, la condición
sine qua non, para culminar, más tarde o más temprano, todo un proceso que acabe enterrando los últimos restos de un constitucionalismo, el de 1978, que para entonces ya habrá languidecido si los políticos de hoy no le ponen remedio con la misma valentía que decisión. Y mucho me temo que no están precisamente por la labor.
Si (
No(
