El Gobierno aprobará la Ley de Vivienda pese al rechazo del Poder Judicial

El Consejo General del Poder Judicial ha ratificado su rechazo a la Ley de Vivienda elaborada por el PSOE y Unidas Podemos, alegando entre otras cosas, que invade competencias de las comunidades autónomas, y que sus enunciados "no son directos y concisos". Sin embargo, pese a las objeciones del informe del Poder Judicial, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha lanzado un 'recadito' al CGPJ y ha avanzado que el Consejo de Ministros aprobará la ley el próximo martes 1 de febrero.

El Gobierno ha respondido al informe del Consejo General del Poder Judicial que censura la Ley de Vivienda. La titular de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha aseverado que se aprobará el anteproyecto acordado con Unidas Podemos en el próximo Consejo de Ministros.

"La parte más conservadora de la sociedad siempre se ha resistido a los grandes avances de los gobiernos socialistas, como la Ley del Aborto, del Matrimonio Igualitario, Eutanasia o contra la Violencia de Género. No nos distraerán de nuestros objetivos: habrá Ley de Vivienda", ha manifestado Sánchez en su cuenta de Twitter tras la difusión del informe desfavorable del Poder Judicial. Su mensaje ha sido compartido por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En una entrevista en TVE, la ministra ha afirmado que tras conocer el informe, el Ejecutivo "sigue defendiendo que el anteproyecto respeta la Constitución y no supone una vulneración de las competencias de las comunidades, que es el aspecto sobre el que más dudas planteas el órgan de gobierno de los jueces".

Sánchez ha recordado que el informe no es vinculante, y ha señalado que el Poder Judicial "debía ceñirse a 3 artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil; en cuanto al resto de consideraciones, las respetamos pero defendemos la solvencia técnica y jurídica del anteproyecto".

"El Estado también tiene competencias para garantizar el acceso a la vivienda en condiciones de igualdad, y la tenemos responsabilidad de evitar la especulación, por lo que pediría que las comunidades se sumen a esta norma que va a dar una respuesta a las necesidades de muchas familias, de los colectivos más vulnerables y también de los más jóvenes", ha afirmado la ministra.

Sobre la posible judicialización de la Ley, Sánchez ha reiterado que se trata de una "ley muy elaborada y sometida también al examen de expertos constitucionalistas, que han avalado que es una buena ley".

"Partiendo de esa base de solvencia, lo que hay que intentar es que en el trámite parlamentario sumemos los máximos consensos posibles. Es la primera ley de vivienda de la democracia y creo que supondrá otro hito, otro gran avance social, y como los avances sociales en otros momentos han sido cuestionados por los sectores más conservadores", ha manifestado.

La ministra ha lanzado un mensaje de unidad en el seno del Gobierno y ha asegurado que "no va a haber ninguna fisura", en alusión a Unidas Podemos, que ha advertido de que no se debe modificar ni una coma pese al informe del Poder Judicial.

"Es una buena ley, y es la mejor que podíamos presentar. En cualquier caso se someterá a aprobación en las Cortes, y todo lo que pueda servir para mejorar, bienvenido sea, siempre y cuando respete el contenido de la ley, que es un mínimo inamovible", ha zanjado.

Las críticas del Poder Judicial a la Ley de Vivienda

Tras tumbar un primer informe favorable, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por 15 votos a 6, el informe elaborado por los vocales conservadores José Antonio Ballestero y Enrique Lucas.

El informe considera que el anteproyecto plantea un "problemático encaje en el orden constitucional de competencias, ya que limita y dificulta que las comunidades autónomas puedan desarrollar una política propia en dicha materia incluyendo el fomento y promoción de la construcción de viviendas".

"El anteproyecto tiene una clara vocación jurídico-pública, lo que le lleva a obviar a menudo, cuando no contradecir, la regulación civil de las relaciones jurídicas de contenido patrimonial, tanto reales como obligacionales", reza el informe.

Según el texto, "los enunciados normativos del anteproyecto no son, por lo general, directos y concisos como demandan las reglas sobre buena regulación. Abundan, por el contrario, normas de principio o finalistas y de carácter procedimental y es constante la remisión a la legislación autonómica y a instrumentos jurídicos, como los del planeamiento, cuya aprobación atañe a las Comunidades Autónomas y a las corporaciones locales".

"Estos rasgos hacen del anteproyecto un texto sobrecargado y en gran medida contradictorio con la finalidad de ser la norma básica y de referencia para dar efectividad plena al derecho a la vivienda", cuestiona el informe.

Entre sus objeciones, se encuentra la regulación de los precios del alquiler, "un tema constitucionalmente sensible, que tiene un alcance limitado y un farragoso contenido". Según el texto, la ley "nace para combatir los efectos de la pandemia, por lo que su mantenimiento cuando haya decaído esta, quizás no resulte adecuado".

"Se añade la falta de una justificación suficiente de la necesidad de las medidas, evaluando los beneficios sociales e inconvenientes que se pueden derivar de ellas, sobre la base de un análisis empírico del resultado de medidas similares en los países de nuestro entorno –e incluso en el nuestro- que han cosechado fracasos que resultan evidentes por conocidos. Tampoco incorpora el anteproyecto cláusulas de salvaguarda, como establecer un periodo temporal de aplicación de las medidas restrictivas", afirma el texto.

Aunque los magistrados consideran "innegable que la atención a la dimensión social de la vivienda y la delimitación de la función social de la propiedad requieren de normas administrativas que traten de solventar o, al menos atenuar, los problemas de acceso y disfrute de la vivienda", aseguran que "esa regulación ha de articularse debidamente con el derecho codificado", y reiteran que "las normas de intervención de carácter excepcional y coyuntural no pueden desplazar a las generales y ordinarias con vocación de permanencia tal y como el anteproyecto hace".

El CGPJ remarca que "el anteproyecto enuncia el derecho a la vivienda digna, pero, obviamente, no lo regula, salvo en determinados aspectos que se abren a la intervención administrativa con la consecuencia de cierta distorsión de categorías y conceptos asentados en el Derecho Civil, sin que se aprecien razones suficientes para ello".